Carlos Evelio Herrera García montó un falso ataque armado en 2012 para recibir protección del Estado. Ya fue condenado por fraude y ahora enfrenta otra sentencia por porte ilegal de armas.
El exalcalde de Villahermosa (Tolima), Carlos Evelio Herrera García, está a punto de enfrentar una nueva condena judicial, esta vez por el delito de porte ilegal de armas agravado, tras haberse comprobado que fingió un atentado en su contra con el objetivo de obtener un vehículo blindado y otros beneficios por parte del Estado.
Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2012, cuando Herrera afirmó que fue víctima de un ataque armado mientras transitaba por la vía que conecta a Villahermosa con Líbano, específicamente en el sector conocido como Gato Negro. Según su relato, tres hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba.
No obstante, una investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía reveló que todo había sido un montaje. El entonces alcalde habría planeado el supuesto atentado para justificar ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) la necesidad de un esquema de seguridad más robusto.
Como resultado de esta farsa, ya fueron condenadas otras dos personas involucradas: Álvaro Alarcón Amaya, quien realizó los disparos contra el vehículo, recibió una pena de 60 meses de prisión, y Jeison Andrés León Canizales, quien suministró el arma utilizada, fue sentenciado a 45 meses.
Herrera García también había sido condenado en octubre de 2022 a 48 meses de prisión por los delitos de falsa denuncia agravada, fraude procesal y fraude a subvenciones. Esta nueva sentencia, aún por conocerse en detalle, se sumará a su historial judicial.
El juez del caso ya emitió un sentido de fallo condenatorio por el delito de porte ilegal de armas agravado, lo que significa que encontró pruebas suficientes para responsabilizar al exmandatario de esta conducta. La lectura de la sentencia definitiva fue programada para octubre de 2025.
Este escándalo ha generado rechazo en la opinión pública, no solo por la gravedad del montaje, sino también por el uso indebido de recursos públicos y la instrumentalización del aparato estatal para obtener beneficios personales.
El caso de Herrera pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación y control dentro de la Unidad Nacional de Protección, así como de garantizar que las medidas de seguridad asignadas respondan a riesgos reales y no a estrategias fraudulentas.
