El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, criticó que el expresidente Álvaro Uribe siga usando redes sociales pese a su condena. Pidió que se le retiren celulares y cámaras, como ocurre con otros condenados.
La reciente condena de 12 años de arresto domiciliario contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado una nueva controversia política y jurídica en el país. Apenas días después de que la jueza Sandra Heredia confirmara la medida, Uribe ha continuado activo en redes sociales, publicando mensajes y videos que han reavivado la polarización.
Dos publicaciones, en particular, han generado debate. En la primera, el líder del Centro Democrático confirmó que la medida judicial quedó en firme; en la segunda, agradeció a sus simpatizantes por las marchas en su favor y lanzó orientaciones políticas para las elecciones presidenciales de 2026. Para sus críticos, esta actividad representa un privilegio que no debería tener un condenado.
Uno de los más fuertes opositores a esta situación ha sido Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, quien cuestionó que Uribe pueda seguir usando dispositivos tecnológicos. “Es el colmo. ¿Por qué Uribe tiene privilegios? ¿Por qué puede usar celulares y cámaras, cuando a todos los delincuentes se les prohíbe? Pediré que se le retiren y que, si sigue haciendo apología al delito, se le imponga una medida intramural”, señaló Quintero en un video publicado en su cuenta de X.
La jueza Heredia, encargada de la sentencia en primera instancia, no incluyó en el fallo la restricción del uso de redes sociales ni dispositivos tecnológicos. Esto ha abierto un vacío legal que, según expertos, podría ser aprovechado por la defensa del exmandatario para sostener que sus derechos no han sido vulnerados.
Uribe, lejos de adoptar un perfil bajo, ha usado su arresto domiciliario como plataforma política. En un video de más de cuatro minutos, agradeció nuevamente a sus seguidores y delineó su visión sobre la política exterior y la seguridad nacional, proponiendo alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel, además de retomar un “nuevo Plan Colombia” para combatir el crimen.
El Centro Democrático, aunque aún no define su candidato presidencial, dejó claro que respaldará a Miguel Uribe si este logra recuperarse del atentado que sufrió antes de febrero. Mientras tanto, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra y Paola Holguín, también precandidatos, han emprendido una ofensiva internacional para denunciar lo que consideran “inconsistencias” en la condena.
Las declaraciones de Quintero han generado un choque frontal con la bancada uribista, que lo acusa de buscar protagonismo político y de intentar coartar la libertad de expresión del exmandatario. Sin embargo, para sus seguidores, la exigencia es un acto de coherencia frente al trato que reciben otros condenados en Colombia.
Mientras tanto, el debate ha escalado a las redes sociales, donde seguidores y detractores de Uribe intercambian argumentos, videos y mensajes cargados de tensión política. El arresto domiciliario, más que limitar su acción pública, parece haber reforzado su presencia mediática y su conexión con la base electoral.
Juristas consultados advierten que la discusión sobre el uso de redes por parte de condenados en prisión domiciliaria podría sentar un precedente legal importante. Si se acoge la petición de Quintero, otros casos similares podrían verse obligados a restringir la comunicación digital de sus procesados.
Por ahora, el pulso entre Uribe y sus opositores se libra tanto en los estrados judiciales como en la arena política y virtual. El próximo capítulo de esta disputa dependerá de si las autoridades judiciales consideran que el uso de redes por parte del expresidente constituye un riesgo para la justicia o si se mantiene como un derecho protegido.
