La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema asumió el caso que involucra al exgobernador del Tolima por supuestas irregularidades en contratos del sector salud durante su administración (2020-2023). El proceso se origina en denuncias del Ministerio de Salud y hechos expuestos desde 2019.
La Fiscalía General de la Nación notificó formalmente al director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social, Rodolfo Salas, sobre la asignación por reparto de la denuncia penal presentada contra el exgobernador del Tolima, Ricardo Orozco. El trámite se llevó a cabo en la secretaría administrativa de las Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, dado que el exmandatario cuenta con fuero especial por su cargo.
La comunicación oficial fue firmada por Jaime Andrés Ardila Sierra, asistente de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, quien indicó que la investigación está vinculada a hechos ocurridos durante el periodo constitucional de Orozco, entre 2020 y 2023. Dichos sucesos se habrían registrado principalmente durante su primer año de gobierno, coincidiendo con la emergencia sanitaria por COVID-19.
El caso se enmarca en una serie de denuncias públicas que señalan al exgobernador de presuntamente direccionar contratos del sector salud. Algunas de estas acusaciones tienen su origen incluso antes de su mandato, hacia finales de 2019, cuando el entonces alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, lo calificó como “jefe del cartel de la salud del Tolima”.
Medios de comunicación regionales y nacionales han publicado reportajes que exponen posibles irregularidades en procesos contractuales durante la administración Orozco. Los señalamientos se intensificaron durante la pandemia, cuando se firmaron convenios y contratos por sumas millonarias para la atención en salud.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reiterado que existieron actuaciones irregulares en la ejecución de convenios y contratos. En una visita oficial al municipio de Fresno, donde entregó una ambulancia y recursos para el hospital local, señaló que Orozco debía responder por más de $609 mil millones contratados en su administración.
La denuncia del Ministerio de Salud se suma a otras investigaciones que ya cursan en órganos de control. Según fuentes judiciales, la Fiscalía analizará documentación, contratos y testimonios para establecer si hubo delitos contra la administración pública.
El fuero especial del exgobernador implica que el caso sea tramitado directamente ante la Corte Suprema de Justicia, lo que acelera el proceso en sus etapas iniciales, pero también exige un alto rigor probatorio. La defensa de Orozco aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta nueva acción judicial en su contra.
La comunidad y organizaciones civiles del Tolima han manifestado su expectativa frente al desarrollo de la investigación, subrayando la importancia de que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades. La Fiscalía, por su parte, mantiene hermetismo sobre las pruebas recabadas y los próximos pasos procesales.
