Drogas La Rebaja pasa a manos del Ministerio de Salud: La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó 880 establecimientos de la conocida cadena farmacéutica al Ministerio de Salud tras el proceso de extinción de dominio. El Gobierno plantea transformar la red en un operador estratégico para ampliar cobertura y garantizar abastecimiento y precios justos.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó la entrega al Ministerio de Salud de Drogas La Rebaja, en un movimiento que pone bajo control estatal una de las redes de farmacias más numerosas del país. El traspaso comprende 880 puntos de venta distribuidos en diversas regiones, y marca una nueva etapa tras la culminación del proceso de extinción de dominio que pesaba sobre la compañía.
Con la recepción de la cadena, el Gobierno Nacional asume la responsabilidad de garantizar la continuidad operativa de las sedes y de preservar el abastecimiento de medicamentos en las zonas donde históricamente fueron proveedoras. Fuentes oficiales destacaron que la prioridad inmediata es evitar quiebres en la cadena de suministro y asegurar que los usuarios no sufran desabastecimientos durante la transición administrativa.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que la apuesta del Ejecutivo es transformar a Drogas La Rebaja en un operador estratégico capaz de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a medicamentos esenciales. Según el Ministerio, la idea es articular la red con los programas públicos de salud, optimizar precios y aprovechar la capilaridad de las farmacias para llegar a poblaciones con barreras de acceso.
La cadena, fundada en la década de 1980, tuvo un crecimiento sostenido y se consolidó como referente comercial en varias regiones del país. No obstante, su historial incluyó procesos judiciales que terminaron con la intervención y la posterior administración de activos por parte de la SAE. El traspaso al Ministerio busca dejar atrás esa etapa y redirigir la operación hacia fines de interés público.
El plan provisional del Gobierno contempla auditorías financieras y operativas exhaustivas, la evaluación de contratos vigentes y la garantía de pago a proveedores y nóminas. Además, se plantea mantener la operación cotidiana de las farmacias mientras se define un modelo de gestión que podría incluir administración directa del Estado, aliados público-privados o modelos de convenio con operadores sociales que garanticen transparencia y eficiencia.
Sectores del mercado y organizaciones de consumidores han planteado interrogantes sobre la intervención estatal en una cadena de estas dimensiones: temen distorsiones en la competencia, pero también ven una oportunidad para regular precios y mejorar el acceso en zonas priorizadas. El Ministerio ha señalado que cualquier decisión futura tomará en cuenta el derecho al trabajo de los empleados y la estabilidad de los servicios.
Para avanzar, el Gobierno anunció la conformación de mesas técnicas con participación de la SAE, el Ministerio de Salud, entidades de control y representantes de la cadena para definir rutas de inversión, modernización de inventarios y protocolos de transparencia. Se prevé un cronograma público de actividades y una auditoría externa que acompañe el proceso de reorganización.
En las próximas semanas se esperan anuncios sobre la hoja de ruta concreta: diagnósticos de stock, revisión de precios, propuestas de integración con programas sociales y mecanismos de seguimiento por parte de la Contraloría y la Procuraduría. El objetivo declarado por las autoridades es que Drogas La Rebaja deje atrás su pasado judicial y se convierta en un aliado para garantizar el derecho a la salud en todo el territorio.
