El ente de control investiga al mandatario municipal Álvaro Augusto Prada Rueda por presuntamente autorizar un evento taurino en un predio sin licencias, sin plan de seguridad y con materiales decomisados por Cortolima. La Procuraduría calificó la conducta como una posible falta grave cometida con dolo.
La Procuraduría General de la Nación decidió formular pliego de cargos contra el alcalde de El Guamo, Tolima, Álvaro Augusto Prada Rueda, tras encontrar indicios de que autorizó la realización de un espectáculo taurino sin contar con los permisos ni requisitos legales exigidos. El organismo de control consideró que su actuación vulneró la normatividad urbanística, ambiental y de gestión del riesgo, poniendo en entredicho la seguridad de los asistentes.
De acuerdo con la investigación, el mandatario habría dado luz verde a la actividad taurina en un predio ubicado dentro del casco urbano de la localidad, pese a que el lugar no disponía de licencias ni avales oficiales para acoger un evento de esa magnitud. La Procuraduría señaló que la improvisación y falta de garantías generaron un escenario de riesgo evidente para la población que participó en el espectáculo.
El proceso disciplinario también evidenció que la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, había adelantado operativos previos en los que se decomisó madera de origen desconocido, utilizada en la construcción de la estructura destinada a funcionar como coliseo. Esa situación, según el ente ambiental, representaba no solo un incumplimiento normativo, sino además un peligro latente por la fragilidad del material empleado.
Pese a estas advertencias, el alcalde Prada Rueda mantuvo en firme la autorización del evento, lo que para la Procuraduría refleja un comportamiento que podría tipificarse como doloso. Es decir, que el mandatario habría actuado con plena conciencia de las irregularidades y de los riesgos que su decisión generaba para los ciudadanos asistentes al espectáculo.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral, encargada del proceso, concluyó que la conducta atribuida al funcionario público podría constituir una falta grave. Según el Código Disciplinario, este tipo de infracciones afectan de manera directa los deberes esenciales del cargo y comprometen la responsabilidad del servidor ante la comunidad.
Dentro del expediente se incluyen informes técnicos, comunicaciones oficiales y actas de advertencia de distintas entidades, que coinciden en señalar que el evento taurino no reunía condiciones mínimas de seguridad ni cumplimiento ambiental. El ente de control aseguró que toda esa documentación respalda la formulación de cargos contra el mandatario local.
La investigación disciplinaria busca determinar si el alcalde vulneró los principios de legalidad, transparencia y protección de la ciudadanía, pilares fundamentales de la función pública. La Procuraduría enfatizó que las autoridades locales tienen la obligación de garantizar que cualquier evento masivo se realice dentro del marco normativo y con medidas de seguridad suficientes.
Por ahora, el alcalde Álvaro Augusto Prada Rueda tendrá la posibilidad de presentar sus descargos dentro del proceso, mientras el órgano de control adelanta las etapas correspondientes para establecer la sanción, en caso de hallarlo responsable. La decisión final podría implicar desde una suspensión temporal en el ejercicio del cargo hasta una eventual destitución e inhabilidad para ocupar funciones públicas.
