El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó duras críticas al Congreso y a las EPS, acusándolos de obstaculizar la Reforma a la Salud impulsada por el Gobierno Petro. Según el funcionario, la oposición al proyecto responde a intereses económicos y redes de corrupción que impiden una transformación real del sistema sanitario colombiano.
En medio del más reciente debate legislativo sobre la Reforma a la Salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo encendió nuevamente la controversia política al acusar al Congreso de la República y a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) de sabotear la iniciativa gubernamental. Según el alto funcionario, la resistencia a discutir y aprobar el proyecto tiene raíces políticas y económicas que buscan mantener el control del sistema y frenar los cambios estructurales propuestos por el Gobierno Nacional.
“Los mismos que manejan la salud como un botín político son quienes hoy se oponen a la reforma. Han convertido la vida y la enfermedad de la gente en un negocio”, afirmó Jaramillo ante la Comisión Séptima del Senado. El ministro insistió en que las presiones de los grupos económicos y la falta de compromiso del Congreso han transformado el debate en una pugna de poder, desplazando la discusión técnica sobre el derecho a la salud de millones de colombianos.
El funcionario defendió los pilares centrales del proyecto, como la financiación pública directa, el fortalecimiento de la red hospitalaria y la creación de los Centros de Atención Primaria Integral en Salud (CAPIS). A su juicio, estas medidas acabarían con la intermediación financiera que ha permitido el desvío de recursos y la corrupción dentro del sistema. “Queremos que la salud deje de ser un privilegio y se convierta verdaderamente en un derecho garantizado por el Estado”, enfatizó.
Jaramillo también responsabilizó a las EPS del deterioro de la red hospitalaria y del colapso financiero de muchas instituciones médicas. “Las EPS han quebrado hospitales, han dejado de pagarle al talento humano y han convertido el sufrimiento en rentabilidad. No pueden seguir siendo las dueñas de la salud en Colombia”, aseguró con tono enérgico, recordando que miles de pacientes siguen esperando tratamientos esenciales por demoras administrativas.
El ministro aclaró que la propuesta del Gobierno no busca eliminar de inmediato las EPS, sino redefinir su papel dentro del sistema, orientándolas hacia funciones de auditoría y apoyo logístico. Sin embargo, recalcó que el bloqueo político y las presiones de ciertos gremios han impedido avanzar en la aprobación del proyecto, que sigue detenido en el Congreso a pesar de ser una de las promesas más emblemáticas del presidente Gustavo Petro.
Con un llamado a la reflexión, Jaramillo pidió a los congresistas “actuar con responsabilidad histórica” y priorizar el bienestar de la población por encima de los intereses partidistas. “No se puede seguir jugando con la vida de la gente. Si esta reforma no pasa, el Congreso será responsable de perpetuar un sistema que ha condenado a millones de colombianos a la exclusión y la muerte evitable”, sentenció el ministro.
Las declaraciones del titular de la cartera de Salud provocaron inmediatas reacciones políticas. Mientras sectores de la oposición lo acusaron de usar el discurso como mecanismo de presión y polarización, organizaciones sociales, sindicales y defensores del derecho a la salud respaldaron su posición, insistiendo en que el país necesita una transformación urgente que elimine la corrupción estructural del modelo vigente.
El pronunciamiento de Jaramillo reaviva uno de los debates más candentes del actual gobierno: la Reforma a la Salud. A medida que el Congreso define su futuro, Colombia sigue dividida entre quienes defienden el esquema actual —basado en la gestión de las EPS— y quienes exigen un nuevo modelo público y solidario que ponga en el centro la vida y la dignidad humana.
