El apoyo financiero de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la reciente Asamblea Campesina ha levantado un debate significativo sobre los límites de la colaboración entre el gobierno y las organizaciones sociales. El director de la ANT, Felipe Harman, confirmó que la entidad facilitó recursos para el transporte y la alimentación de cientos de campesinos que asistieron al evento, a pesar de que el propósito principal de la ANT es la adjudicación de tierras. Esta financiación ha sido justificada por Harman como un apoyo necesario para fortalecer la reforma agraria, un pilar fundamental del gobierno de Petro.
La controversia se agudiza al conocerse el origen de los fondos: un subcontrato de tres mil millones de pesos para servicios logísticos, parte de un contrato mayor de 17 mil millones firmado entre la ANT y Canal 13. Aunque Harman aclara que este dinero no se usó exclusivamente para la asamblea, la falta de una cifra exacta del gasto en el evento específico y el hecho de que la ANT supervisara la llegada de los campesinos ha generado críticas internas, con una fuente de la entidad señalando que tales acciones desvían a la agencia de su misión principal.
El evento, que se llevó a cabo durante dos días, culminó con la definición y posterior inscripción de cinco preguntas para una consulta popular sobre la reforma agraria. La primera pregunta, en particular, aborda la propuesta de que el Estado recupere baldíos y predios incautados para destinarlos a comunidades sin tierra, lo que representa un punto crucial en la agenda del gobierno. El proceso, que ahora requiere la recolección de cuatro millones de firmas, se perfila como un elemento central en el panorama político, vinculando directamente el apoyo del gobierno con las movilizaciones sociales.
La asistencia de figuras políticas, incluyendo a la ministra de Agricultura, y la presencia de aspirantes al Congreso, como Alexandra Pineda y Patricia Caicedo, quienes han sido contratistas de la ANT, ha reforzado la percepción de que la agencia se está convirtiendo en una «vitrina principal» para las campañas electorales. El apoyo explícito de estas figuras al evento y a la recolección de firmas sugiere una alianza entre la entidad y ciertos grupos políticos con miras a las campaña de 2026, lo que plantea preguntas sobre el uso de recursos públicos para fines políticos.
Harman ha defendido las acciones de la ANT, explicando que el personal de la agencia estuvo presente para «acompañar» y «orientar» a los campesinos, no para realizar labores logísticas. Sin embargo, los testimonios de fuentes internas y la confirmación de la estadía de los campesinos en hoteles financiados de forma no especificada—aunque Harman afirma que la ANT no cubrió el hospedaje—generan dudas sobre la verdadera naturaleza de la participación de la entidad. Las consignas de «¡Qué viva Felipe Harman!» coreadas por los asistentes al evento también subrayan su papel central y la percepción de un vínculo político.
La financiación de la ANT para la asamblea se produce en un contexto donde la entidad ha visto un fortalecimiento significativo bajo el gobierno de Petro, con un presupuesto récord de $4.1 billones de pesos para 2024. Este presupuesto ha permitido a la ANT entregar 232 mil hectáreas de tierra, una cifra sin precedentes. No obstante, el manejo de los recursos y la evidente conexión con el movimiento político-social han transformado a la agencia, según críticos, en un «fortín político y burocrático» para Harman y sus aliados, como ya se había revelado.
La Asamblea Campesina y la subsecuente inscripción de la consulta popular evidencian la creciente cohesión entre las organizaciones campesinas y la administración actual. La pregunta sobre la «transformación de entidades y el fortalecimiento de programas con participación directa del campesinado» refleja la estrategia de movilización del gobierno para consolidar su base de apoyo y utilizar las herramientas de la democracia directa para avanzar en su agenda. El éxito de la recolección de firmas no solo validaría las propuestas, sino que también impulsaría la campaña de los políticos asociados.
En conclusión, el financiamiento de la ANT para la logística de la Asamblea Campesina ha trascendido la mera colaboración interinstitucional para convertirse en un punto de debate político. Si bien Harman argumenta que la ayuda busca fortalecer la reforma agraria, las evidencias de la participación de la entidad en un evento de movilización política, y la presencia de figuras con aspiraciones electorales, sugieren que la ANT está jugando un papel más allá de su misionalidad. Este caso servirá como un claro ejemplo de cómo la administración actual está utilizando los recursos estatales para promover su agenda y movilizar a su base social de cara a las próximas elecciones.
