En Colombia, los elefantes blancos, esas obras inconclusas o eternamente retrasadas abundan en todos los sectores y valores. Sin embargo, pocos casos son tan flagrantes como el del puente elevado sobre la carrera 5ª con calle 60 en Ibagué. Aquí, el exalcalde Andrés Hurtado destinó casi $40 mil millones de pesos a un proyecto que ni siquiera comenzó.
En marzo de 2023, el Consorcio Puente Carrera 5ª, integrado por BGDSA SAS, Mineros e Ingenieros Olaguer Agudelo Prieto y Megaobras Infraestructura S.A.S, ganó la licitación. Un mes después, el contrato se firmó por $49.150 millones de pesos, con un plazo de ejecución de nueve meses. Pero en lugar de avances, el proyecto fue una parodia de ineficiencia y corrupción.
El consorcio recibió un anticipo de más de $11 mil millones de pesos, de los cuales solo se ejecutaron $2.700 millones, equivalentes al 5.26% del proyecto. La Procuradora Margarita Cabello expresó sus dudas desde el principio, poniendo en evidencia las irregularidades en la contratación y la improbabilidad de finalizar la obra en el plazo estipulado.
Comité evaluador:
Además, el consorcio de interventoría, Conexión Vial 60, resultó estar inhabilitado para contratar con el Estado. Top Suelos SAS, uno de sus integrantes, tenía una sanción vigente hasta 2028. A pesar de esto, el comité evaluador, encabezado por el ingeniero Diego Herrán, recomendó su contratación.
Entre los integrantes del consorcio encargado de la obra, BGDSA SAS se destaca por su historial de incumplimientos en otros proyectos, como la rehabilitación de la vía San Bernardo del Viento Lorica y la construcción del Puente La Doctrina. Además, se sospecha que el proceso de selección fue al parecer direccionado para favorecer a ciertos contratistas, como Olaguer Agudelo Prieto, quien también ganó otro contrato en la ciudad.
La obra enfrentó obstáculos desde el inicio. No obtuvo el permiso de aprovechamiento forestal de Cortolima, los contratistas no tenían recursos para comprar los 17 predios necesarios, y el Ministerio Público investiga la falta de distinción entre experiencia específica y general en la valoración de la experiencia de los contratistas.
En respuesta, la actual alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, declaró a principios de junio el incumplimiento del contrato y aplicó una cláusula penal de casi $4 mil millones de pesos. Además, se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento total.
Aranda Rivera, reconoce que este tema se debe solucionar, auque venga del gobierno anterior, y que con su equipo jurídico apoyado por los entes de control, se determinará si la obra se construye o no.
Esto deja claro que esta obra no alcanzó ni siquiera el estatus de elefante blanco.
