Durante un debate de control político en el Concejo de Ibagué, el cabildante conservador Jorge Bolívar cuestionó duramente el manejo presupuestal de la Secretaría de Infraestructura, el Ibal y el SETP. Asegura que, mientras la ciudad colapsa en movilidad, los recursos se han destinado a burocracia y contratos sin mayor supervisión.
En una sesión cargada de tensión y denuncias, el concejal Jorge Bolívar lideró un debate de control político dirigido a tres entidades clave de la administración de Ibagué: la Secretaría de Infraestructura, el IBAL y el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Durante su intervención, el cabildante denunció irregularidades, falta de transparencia y una preocupante falta de inversión en la deteriorada malla vial de la ciudad, que ha generado malestar generalizado entre los ibaguereños.
Bolívar aseguró que, durante el año 2024, la inversión conjunta de las tres entidades en la malla vial fue inferior a los $4.000 millones, una cifra irrisoria si se compara con el tamaño de los problemas de infraestructura urbana que sufre la capital tolimense. “Por eso colapsó iniciando el 2025”, enfatizó el concejal, quien culpó directamente a la Administración de priorizar contratos de prestación de servicios que ascendieron a más de $150.000 millones, dejando en segundo plano las necesidades reales de la ciudadanía.
Uno de los temas más delicados abordados durante el debate fue el contrato de semaforización, el cual, según datos del propio SETP, tiene un valor cercano a los $9.000 millones de pesos. Bolívar denunció que el proyecto presenta conflictos contractuales con el ejecutor, lo cual ha generado retrasos significativos en su implementación. “No estamos hablando de cifras menores, son miles de millones de pesos de los contribuyentes comprometidos en un contrato sin garantías claras de cumplimiento”, sostuvo.
A esto se suma, según el concejal, un informe de interventoría que revela un atraso del 44% en el avance del contrato de semaforización, y una ejecución inferior a lo esperado, con cerca de $4.000 millones sin ejecutar. Bolívar calificó la situación como alarmante y señaló que se está evaluando la posibilidad de liquidar el contrato, dado el incumplimiento de las condiciones pactadas. “No se trata de un simple retraso, sino de una evidente falta de planeación y supervisión”, dijo.
Durante su intervención, Bolívar también criticó la forma en que la Secretaría de Infraestructura está eludiendo los procesos licitatorios a través de convenios con entidades sin ánimo de lucro. Según explicó, este tipo de mecanismos podrían estar siendo usados para evadir los pliegos tipo exigidos por la ley, generando serias dudas sobre la transparencia de la contratación pública en la ciudad. “Esto no solo es irregular, es una burla a los ciudadanos”, advirtió el concejal.
El cabildante hizo un llamado directo a los entes de control como la Contraloría y la Procuraduría para que inicien investigaciones sobre estos convenios que, a su juicio, comprometen recursos públicos sin los debidos procesos de supervisión. “No es posible que en Ibagué se estén firmando convenios que no pasan por el control necesario; estamos ante un escenario que podría derivar en hechos de corrupción si no se interviene a tiempo”, alertó con preocupación.
Arturo Castillo, fue otro los concejales que auque es amigo de la alcaldesa, también denunció supuestas irregularidades en la ejecución de los recursos en la Secretaría de Infraestructura, dejando en claro que fue elegido para defender los intereses de los ibaguereños, dejando aún lado los personales.
“Los avances de los contratos no aparecen en el SECOP. Esa falta de transparencia impide hacer un control riguroso”, dijo.
El cabildante conservador también se fue contra los contratistas y les hizo un llamado de atención en que los contratistas para que cumplan deben ser sancionados y, si es necesario, aplicar la caducidad de los contratos. “No podemos seguir permitiendo que empresas que fallan en la ejecución sigan ganando licitaciones bajo otros nombres o consorcios. Eso frena el desarrollo de Ibagué y mina la confianza en lo público”. Indicó.
La falta de respuestas claras por parte de los representantes de las entidades citadas fue otro punto que generó inconformidad en la plenaria del Concejo. Varios concejales coincidieron en que la exposición de los funcionarios no resolvió las dudas sobre las contrataciones y tampoco presentó un plan concreto para mejorar la malla vial o el funcionamiento de la red semafórica de la ciudad. Esta situación deja un manto de incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura urbana en Ibagué.
Al finalizar el debate, quedó en evidencia una preocupante ausencia de liderazgo técnico y financiero en proyectos clave para la ciudad. Bolívar insistió en que no se trata de una disputa política, sino de un llamado a la legalidad y al uso eficiente de los recursos públicos. “Los ibaguereños no merecen una ciudad destruida mientras la plata se la comen los contratos de papel”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones políticas y jurídicas para exigir claridad y resultados.
