Empresas nacionales e internacionales, entre ellas la Fábrica de Licores del Tolima, alertan que la medida pondría en riesgo más de 200.000 empleos, reduciría recursos para salud y educación y fomentaría el mercado ilegal de alcohol.
Las principales licoreras del país, junto con reconocidas empresas internacionales del sector, lanzaron una voz de alerta ante el Congreso de la República por los efectos negativos que podría traer el incremento del 40 % en los impuestos a las bebidas alcohólicas propuesto en la nueva Reforma Tributaria. La iniciativa, según el gremio, amenaza la sostenibilidad de una industria que aporta significativamente al empleo, la cultura y los ingresos departamentales.
El pronunciamiento, firmado por la Fábrica de Licores del Tolima, la Industria Licorera de Caldas, la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Industria de Licores del Valle, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, y otras firmas nacionales, se suma a la posición de compañías internacionales como DIAGEO, Pernod Ricard, Brown Forman y Global Wine and Spirits. Todas coinciden en que la medida, lejos de reducir el consumo, podría incentivar el comercio ilegal de licores.
El comunicado conjunto advierte que el 22,4 % del licor que se consume actualmente en Colombia proviene del contrabando o la adulteración, y que, de aprobarse la reforma, esta cifra podría superar el 50 %. “Gravar más al licor legal no disminuye el consumo, solo empuja a los consumidores hacia el mercado ilícito, poniendo en riesgo su salud”, señala el documento.
El sector licorero colombiano genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, y representa el 1,5 % del Producto Interno Bruto nacional. Además, los recursos provenientes de la venta legal de bebidas alcohólicas son fundamentales para financiar programas de salud, educación y deporte en los departamentos.
“Hablar de impuestos al licor es hablar de salud pública, de empleo, de cultura y de responsabilidad ciudadana”, enfatiza el comunicado. Las empresas recordaron que el sistema actual de contribuciones ya destina importantes porcentajes de sus utilidades a los entes territoriales, y que un aumento desproporcionado del impuesto pondría en riesgo ese flujo financiero.
Por su parte, la gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, Victoria Castillo González, expresó su preocupación por los impactos que tendría la reforma en el empleo rural y en sectores conexos. “Esta propuesta afecta el trabajo agrícola, el comercio, los hoteles, bares, restaurantes, ferias y eventos culturales, que dependen directamente de la producción y distribución legal del licor”, afirmó.
Los representantes del gremio también hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se abra un espacio de diálogo técnico que permita revisar el alcance de la medida. Según el sector, existen alternativas fiscales más equilibradas que no sacrifiquen el crecimiento económico ni la competitividad de las empresas nacionales frente a las multinacionales.
De igual forma, las licoreras reiteraron su compromiso con la formalidad, la promoción del consumo responsable y la prevención del contrabando. Para ello, anunciaron que fortalecerán las campañas pedagógicas dirigidas a consumidores y comerciantes, con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos y las autoridades territoriales.
La preocupación del gremio también se centra en el posible cierre de pequeñas destilerías regionales, que no podrían soportar la carga tributaria. Esto afectaría directamente la diversidad cultural y patrimonial que representan las bebidas tradicionales de cada región, como el aguardiente, el ron o los vinos artesanales.
Finalmente, las empresas firmantes hicieron un llamado a los congresistas para que reconsideren el impacto de esta reforma sobre la economía popular. “No estamos en contra de contribuir al país, pero sí de medidas que amenazan la legalidad, el empleo y la tradición licorera colombiana”, concluye la declaración conjunta.
