El Ministerio Público solicitó al Consejo de Estado tumbar la resolución del CNE que otorgó la personería jurídica al partido Gente en Movimiento, liderado por el exministro y precandidato presidencial Mauricio Lizcano. La decisión podría dejar a la colectividad sin avales, recursos estatales y representación en el organismo electoral.
La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Consejo de Estado anular la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en 2023, le otorgó la personería jurídica al partido Gente en Movimiento, liderado por el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y precandidato presidencial por firmas, Mauricio Lizcano. El pronunciamiento del Ministerio Público plantea un debate jurídico y político sobre los criterios que se aplican para devolver este estatus a movimientos políticos que afirman haber sido víctimas de violencia.
Según el CNE, la personería fue concedida bajo argumentos expuestos por la colectividad, que señaló que su participación electoral se vio gravemente disminuida debido a actos de violencia política. Entre ellos, se destacó el secuestro de Óscar Tulio Lizcano, padre del líder del movimiento, perpetrado por la entonces guerrilla de las Farc. Este hecho, aseguraron, afectó la capacidad del partido para mantenerse en la contienda política durante varios años.
Sin embargo, la Procuraduría sostiene que, si bien los hechos de violencia son innegables y de gravedad, no existe una relación directa y comprobable entre estos y la imposibilidad del movimiento para participar en procesos electorales. Para el organismo de control, este es un elemento clave, ya que la ley exige pruebas contundentes para justificar la restitución de la personería en casos de persecución o violencia política.
El CNE, al otorgar la personería, utilizó un criterio similar al aplicado previamente al partido Nuevo Liberalismo, que recuperó su estatus tras el asesinato de su máximo líder, Luis Carlos Galán, en 1989. Para la Procuraduría, sin embargo, los casos no son equiparables. En el del Nuevo Liberalismo, la violencia dejó sin cabeza visible al partido, lo que imposibilitó su continuidad, mientras que en Gente en Movimiento, aunque hubo afectaciones, no se puede demostrar un impacto estructural que impidiera su actividad política.
La eventual anulación de la personería jurídica tendría consecuencias directas para Gente en Movimiento. En primer lugar, el partido perdería el acceso a recursos estatales destinados a su funcionamiento, lo que limitaría su capacidad operativa. En segundo lugar, quedaría impedido para otorgar avales a candidatos en las elecciones regionales y nacionales, un golpe significativo para su proyección política.
Asimismo, la colectividad perdería su asiento en el Consejo Nacional Electoral, lo que la dejaría sin voz ni voto en las decisiones relacionadas con la organización y vigilancia de los comicios. Estos escenarios podrían obligar a Mauricio Lizcano a replantear su estrategia de cara a sus aspiraciones presidenciales, que actualmente adelanta a través de la recolección de firmas.
El pronunciamiento de la Procuraduría se convierte en un punto crítico en el camino político de Lizcano, quien ha defendido la legitimidad de la personería de su partido y ha señalado que la violencia que sufrió su familia tuvo un impacto decisivo en su participación política. No obstante, el debate ahora queda en manos del Consejo de Estado, que deberá evaluar si la decisión del CNE se ajustó o no a derecho.
Mientras tanto, en los círculos políticos crece la expectativa por la resolución final, pues la decisión podría sentar un precedente sobre cómo se interpretan los casos de restitución de personerías jurídicas a movimientos que han sido víctimas de la violencia en Colombia. La discusión no solo tiene un impacto legal, sino que también incide en la dinámica electoral de cara a los próximos comicios.
