La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, confirmó que al menos 232 hectáreas han sido impactadas por minería ilegal en Ataco. Las afectaciones alcanzan fuentes hídricas estratégicas y han encendido alertas ambientales y de seguridad en el sur del departamento.
La minería ilegal continúa expandiéndose en el sur del Tolima y ya deja un saldo preocupante en el municipio de Ataco. De acuerdo con cifras oficiales, más de 232 hectáreas han resultado afectadas por actividades extractivas irregulares, generando graves impactos sobre ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas de alto valor ambiental.
La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, explicó que las zonas más comprometidas incluyen el río Saldaña, el río Atá y la quebrada Polen. Estas fuentes abastecen a comunidades rurales y sostienen una alta biodiversidad en la región.
Según la funcionaria, los daños no se limitan al recurso hídrico. La remoción de suelos, la sedimentación y la alteración del cauce natural de los ríos han generado deterioro en la fauna y la flora. La pérdida de cobertura vegetal y la contaminación asociada a estas prácticas comprometen el equilibrio ambiental de uno de los territorios más biodiversos del departamento.
Cortolima advirtió que el crecimiento de la minería ilegal ha sido notorio en los últimos meses, especialmente en áreas de difícil acceso. Las labores se realizan sin permisos ni controles ambientales, lo que agrava la magnitud del impacto. La autoridad ambiental mantiene monitoreos constantes para identificar nuevos focos de explotación irregular.
Además del daño ecológico, la situación ha generado preocupación en materia de seguridad. La directora señaló que la llegada de personas provenientes de otras regiones, presuntamente vinculadas a estructuras al margen de la ley, está alterando la dinámica social y económica del municipio. Este escenario ha encendido alertas institucionales.
Frente a este panorama, la Gobernación del Tolima y varias alcaldías del sur del departamento han expedido decretos que prohíben la circulación de maquinaria amarilla en zonas críticas. La medida busca frenar el ingreso de equipos utilizados en la explotación ilegal de minerales.
Cortolima confirmó que actualmente adelanta al menos 75 procesos sancionatorios por afectaciones ambientales relacionadas con minería ilegal. Estas acciones incluyen investigaciones administrativas y operativos conjuntos con otras autoridades para ejercer control en los puntos identificados.
Las autoridades reiteraron que la minería artesanal legal es permitida siempre que cumpla con los requisitos establecidos y esté debidamente registrada ante las entidades competentes. Sin embargo, insistieron en que la minería ilegal representa una amenaza directa para el medio ambiente, la seguridad y la estabilidad social de las comunidades del sur del Tolima.
