Durante la apertura del Primer Encuentro Suramericano por la Cordillera de Los Andes, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, alertó sobre el avance de la minería ilegal y la expansión de cultivos ilícitos en municipios como Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, dos fenómenos que, según la mandataria, ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental de la región andina.
Durante su intervención en la ceremonia de apertura del Encuentro, la gobernadora Adriana Magali Matiz advirtió que la explotación ilegal de recursos naturales —especialmente oro— se ha convertido en una amenaza creciente en el sur del Tolima. Enfatizó que esta actividad, además de afectar el medio ambiente, está generando redes de delito que degradan la vida comunitaria.
La mandataria señaló que en municipios como Ataco “hay un problema supremamente grave de minería ilegal”, y recordó que la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso Ianini, ya había expresado públicamente su preocupación por la escala del daño ambiental que se viene registrando.
Matiz explicó que los ilícitos no se limitan a la extracción minera, sino que se extienden hasta la infiltración de predios legalmente titulados, donde grupos ilegales aprovechan la cobertura para explotar sin control. Este fenómeno, dijo, incrementa la complejidad de la supervisión y la respuesta institucional.
En el mismo discurso, la gobernadora abordó la expansión de los cultivos ilícitos en las zonas montañosas del Tolima. Aclaró que no se trata de criminalizar los saberes ancestrales, pero advirtió que “parte de los cerros andinos son usados como tapete cocalero por mafias y carteles”, lo que a su vez tiene efectos devastadores en el tejido social y ambiental.
Matiz mencionó un reciente operativo liderado por la Policía Nacional con apoyo de la Fiscalía para atender la minería ilegal, y anunció que el lunes sostuvo una reunión en Bogotá para coordinar acciones interinstitucionales. Instó a las autoridades locales y nacionales a actuar con urgencia y a articular recursos para frenar tanto la extracción ilegal como la ocupación de zonas protegidas.
Por su parte, Cortolima publicó informes que confirman el aumento de intervenciones en el municipio de Ataco y municipios vecinos como Planadas, Chaparral y Rioblanco, donde se han documentado socavones, maquinaria pesada operando sin permiso y remoción de suelo hasta en franjas de protección de ríos como el Saldaña.
Entre las recomendaciones de la entidad ambiental figura el establecimiento de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que reúna a autoridades regionales, nacionales y fuerzas militares, con el fin de detener la destrucción de ecosistemas estratégicos. Según los datos, la afectación ya alcanza un nivel que podría tornarse irreversible.
Con este pronunciamiento, el Tolima se posiciona en el centro de la agenda ambiental nacional. El llamado es claro: sin protección de la Cordillera de los Andes y sus ecosistemas, se pone en riesgo no solo la biodiversidad, sino la seguridad hídrica, la vida rural y los proyectos de desarrollo sostenible del departamento.
