La Contraloría General de la República denuncia aumentos en anticipos sin legalizar, facturas retrasadas y pasivos ocultos en la Nueva EPS. El presidente Petro califica esto como un “robo del sistema de salud” y advierte graves consecuencias si no se corrige.
La Contraloría General de Colombia emitió recientemente un informe contundente sobre la situación financiera y operativa de la Nueva EPS, señalando que entre 2022 y el primer semestre de 2025 ha habido irregularidades graves en anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
El hallazgo más alarmante apunta al incremento de los anticipos pendientes por legalizar: éstos pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y para junio de 2025 se estima que la cifra asciende a $15,27 billones. Esto evidencia un crecimiento de más del 150 % en ese rubro, lo que pone en riesgo la liquidez de la entidad.
Además, en el informe se identificaron más de 22,7 millones de facturas por un valor de $22,1 billones, de las cuales más de 9 millones están duplicadas. Tras excluir duplicados y otras inconsistencias, aún quedarían $13,2 billones en facturación pendiente de revisión, concentrados con 36 prestadores clave.
Contraloría advierte también que las cuentas por pagar alcanzan $21,37 billones: alrededor de $10,5 billones pertenecen a anticipos no regularizados, y $8,7 billones a facturas sin procesar. A esto se le suma una subestimación significativa de las reservas técnicas, con un faltante cercano a $11,1 billones al cierre de 2024.
Estas prácticas fueron denunciadas con vehemencia por el presidente Gustavo Petro, quien sostuvo que los exdirectivos ocultaron deuda por $5 billones al no reflejar estos pasivos en la contabilidad oficial. También señaló que se habrían intentado ocultar esos pasivos en más de 12 millones de facturas.
Petro criticó duramente lo que llama “el hurto de la salud”, y acusó a exministros como Fernando Ruiz y a las direcciones de las EPS de haber permitido estas irregularidades. En su discurso, advierte que este desfalco no solo afecta presupuestos, sino vidas, al impedir que pacientes reciban atención oportuna. —Aunque algunas cifras exactas del Presidente todavía están en disputa, los reportes de la Contraloría coinciden en materia de anticipos, falta de transparencia y deuda creciente.
Una de las consecuencias visibles de estas irregularidades es el retraso en pagos a hospitales, clínicas y prestadores en general, lo que ha generado tensiones: cierre de servicios, falta de suministros, demoras en procedimientos y atención deficiente para pacientes críticos. Usuarios denunciaron que enfermedades como cáncer, VIH, hipertensión y trasplantes se han visto afectados.
El informe también señala fallas contractuales: contratos sin los soportes legales completos (anexos, cláusulas técnicas, autorizaciones), lo que impide validar la ejecución real de muchos acuerdos. Esto añade incertidumbre sobre la responsabilidad legal y disciplinaria de los involucrados.
El momento político en que surge la denuncia —justo antes del debate de la Reforma a la Salud en el Senado— añade presión al Legislativo. Petro ha insistido que sin medidas urgentes, la reforma no solo debe corregir estas fallas financieras, sino asegurar mecanismos de transparencia y control real del gasto.
En resumen, la situación de la Nueva EPS dibuja una crisis financiera y administrativa que trasciende lo técnico: involucra responsabilidad política, el riesgo para la salud pública y el futuro del sistema EPS. La ciudadanía espera respuestas, sanciones donde corresponda y garantías de que los recursos de la salud serán usados para atender pacientes, no para alimentar desfalcos.
