Un operativo conjunto de Cortolima, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército y la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros permitió intervenir actividades de extracción ilegal en las veredas San Diego y Guaipa, donde fueron destruidos tres motores industriales e inutilizada maquinaria utilizada para afectar los recursos naturales.
La lucha contra la minería ilegal se intensificó en el municipio de Ortega, donde las autoridades ambientales y militares realizaron un operativo para intervenir actividades que estarían generando graves impactos sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas de la zona. La acción fue liderada por Cortolima, con el acompañamiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. La intervención se concentró en las veredas San Diego y Guaipa, sectores identificados por la presencia de actividades extractivas ilegales. El despliegue institucional buscó frenar el deterioro ambiental y afectar las capacidades utilizadas para estas labores.
Las operaciones comenzaron con sobrevuelos de reconocimiento realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que permitieron identificar puntos de interés y establecer las condiciones del terreno antes de la intervención terrestre. Posteriormente, las autoridades avanzaron durante la madrugada hacia las zonas señaladas para ejecutar las acciones de control. El procedimiento permitió localizar infraestructura y equipos empleados presuntamente para la explotación ilícita de recursos mineros. La coordinación entre las diferentes instituciones fue determinante para ingresar a sectores de difícil acceso. Con esta operación se buscó reducir la capacidad operativa de quienes estarían desarrollando estas actividades.
Uno de los principales resultados fue la destrucción de tres motores industriales que eran utilizados para la captación ilegal de agua en medio de las labores de extracción. Estos equipos representan una afectación potencial para las fuentes hídricas, especialmente en zonas donde los ecosistemas dependen de la disponibilidad y calidad del recurso. Durante el procedimiento también fue inutilizada maquinaria amarilla empleada en las actividades de explotación. Las autoridades señalaron que este tipo de intervención pretende impedir que los equipos continúen siendo utilizados para causar daños ambientales. El material intervenido quedó fuera de operación como resultado del procedimiento institucional.
La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, destacó la importancia de mantener una respuesta articulada frente a la explotación ilícita de los recursos naturales en el departamento. La funcionaria sostuvo que la defensa de los ecosistemas requiere presencia permanente de las autoridades y acciones concretas en territorio. “En el Tolima no vamos a permitir que la explotación ilícita siga destruyendo nuestros recursos naturales”, afirmó la directora. También señaló que la institución continuará actuando frente a quienes afecten ríos, bosques y biodiversidad. El mensaje de la autoridad ambiental fue dirigido a quienes insistan en desarrollar actividades mineras por fuera de la legalidad.
El operativo también evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades para controlar actividades ilegales en zonas rurales y de difícil acceso. Los sobrevuelos y la información obtenida mediante labores de reconocimiento permiten establecer puntos de intervención antes de desplegar los equipos en tierra. Esta metodología facilita la coordinación entre las autoridades ambientales y la Fuerza Pública. A su vez, permite orientar los recursos hacia sectores donde existen mayores indicios de afectación ambiental. Cortolima indicó que continuará trabajando con las instituciones competentes para fortalecer las acciones de vigilancia y control. La protección de las fuentes hídricas permanece como una de las prioridades de la intervención.
Las afectaciones asociadas a la minería ilegal no se limitan a la extracción de minerales, pues también pueden comprometer la cobertura vegetal, los suelos y los cuerpos de agua. Por esa razón, las autoridades buscan intervenir tanto las actividades como los elementos utilizados para desarrollarlas. En Ortega, la operación permitió afectar parte de la infraestructura empleada en la captación ilegal de agua y la explotación del terreno. Las instituciones deberán continuar con las verificaciones correspondientes para establecer el alcance de los daños ocasionados. También será necesario determinar las responsabilidades derivadas de las actividades intervenidas. El componente ambiental será fundamental dentro del seguimiento posterior al operativo.
Cortolima reiteró que este tipo de acciones forman parte de una estrategia de control que requiere coordinación entre diferentes entidades del Estado. La participación de la Fuerza Aeroespacial, el Ejército y las unidades especializadas contra la explotación ilícita permitió ampliar las capacidades de intervención en el territorio. La autoridad ambiental advirtió que los operativos continuarán en los puntos donde se identifiquen actividades que puedan afectar los recursos naturales. La finalidad será proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas frente a prácticas extractivas ilegales. La entidad también invitó a la ciudadanía a reportar situaciones que puedan representar riesgos ambientales. La información de las comunidades puede contribuir a orientar futuras acciones de control.
Con esta operación, las autoridades enviaron un mensaje de firmeza frente a la minería ilegal en Ortega y otros municipios del Tolima donde puedan presentarse situaciones similares. Olga Lucía Alfonso insistió en que la defensa de los recursos naturales no se detendrá por las dificultades de acceso o las condiciones de las zonas intervenidas. Mientras avanzan las actuaciones institucionales, Cortolima mantendrá la coordinación con la Fuerza Pública para fortalecer la vigilancia ambiental. El objetivo será evitar que nuevas estructuras o actividades ilegales vuelvan a ocupar los sectores intervenidos. La protección de ríos, bosques, suelos y biodiversidad continuará siendo una prioridad. Las autoridades esperan que estas acciones contribuyan a contener el impacto ambiental de la explotación ilícita.
