El Ministerio Público evalúa si el contrato suscrito entre el IMDRI y la Unión Temporal Parking A&S para operar parqueaderos públicos por 11 años vulneró las competencias del Concejo Municipal. El contrato otorga el 80 % de los ingresos al concesionario y ha generado polémica por su presunta falta de aprobación institucional.
La Personería Municipal de Ibagué inició una investigación sobre la concesión otorgada a la Unión Temporal Parking A&S, que asumió el manejo de los parqueaderos del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la 42 por 11 años, mediante contrato suscrito con el IMDRI. El proceso ha levantado alertas jurídicas y administrativas por presuntamente omitir el aval del Concejo Municipal.
El personero delegado para la Vigilancia Administrativa, Jair Robayo, manifestó que se indaga si esta concesión requería aprobación previa del Concejo, por tratarse de bienes públicos. Según la Ley 136, las corporaciones municipales deben autorizar este tipo de delegaciones, lo que podría implicar una vulneración normativa si no se cumplió con el trámite.
“Estamos revisando jurídicamente si era viable que se tomaran este tipo de decisiones sin la aprobación del Concejo”, señaló Robayo, añadiendo que se trata de una medida preventiva en busca de esclarecer la legalidad del procedimiento y sus consecuencias administrativas.
El contrato, que tendrá vigencia hasta 2036, estipula que el 80 % de los ingresos por parqueaderos será para el concesionario y el 20 % para el IMDRI, en un negocio que ha sido catalogado como desventajoso para las finanzas públicas, y que tampoco habría sido discutido públicamente en la corporación.
Desde la Personería se confirmó que se han solicitado informes y documentos internos al IMDRI para verificar si existieron omisiones, irregularidades o decisiones que excedieran su marco legal. Este proceso también busca determinar si se vulneraron principios de transparencia y participación ciudadana.
“La alcaldesa, según la norma, debe pedir permiso al Concejo para hacer concesiones sobre el uso del espacio público. Por eso se investiga si el IMDRI tenía facultades delegadas o si incurrió en extralimitación de funciones”, recalcó el delegado del Ministerio Público.
El contrato, suscrito por el gerente del IMDRI, Felipe La Rota, y la representante legal del consorcio, Diana Camila Troncoso, contempla operación, administración, modernización y cobro por el uso de los parqueaderos, y fue pactado por un valor referencial de $1.000 millones.
Finalmente, Robayo advirtió que se hará seguimiento exhaustivo al proceso, ya que cualquier fallo en el cumplimiento de los requisitos legales puede derivar en sanciones disciplinarias, nulidades contractuales o incluso acciones judiciales de fondo.
