La Personería de Ataco advirtió un incremento preocupante de personas provenientes de otros departamentos que estarían ingresando para realizar minería ilegal con maquinaria pesada. Piden intervención urgente del Gobierno Nacional ante la presión de grupos armados y el deterioro ambiental.
La Personería Municipal de Ataco encendió las alarmas frente al aumento significativo de mineros externos que, según el organismo de control, estarían llegando al municipio y a otros territorios del sur del Tolima para adelantar actividades de explotación ilegal. La advertencia señala que se trata de personas procedentes de diferentes regiones del país, quienes operan con maquinaria pesada y en zonas de difícil acceso.
De acuerdo con la entidad, aunque la minería ilegal ha sido una problemática constante en los últimos años, en la actualidad la situación ha escalado a niveles que superan la capacidad operativa del municipio. El ingreso de maquinaria, sumado a la presencia de grupos armados al margen de la ley, ha generado un escenario complejo que afecta tanto la seguridad como la estabilidad institucional.
Frente a esta situación, la Personería solicitó a los ministerios de Defensa, Interior y Ambiente la implementación de un plan de intervención articulado. Según la entidad, el fenómeno no puede ser abordado únicamente desde el ámbito municipal, ya que implica estructuras criminales organizadas que requieren acciones conjuntas y sostenidas para ser desmanteladas.
Las alertas se fortalecen con los reportes recientes entregados por la Policía del Tolima, que confirmó que la explotación ilegal de oro en Ataco y Planadas estaría bajo el control de grupos armados. La institución señaló que estas organizaciones se benefician económicamente de las actividades extractivas ilegales, lo que dificulta aún más los procesos de vigilancia y control en estas zonas rurales.
Cortolima también se pronunció, indicando que en lo corrido del año se han realizado cinco operativos de control en veredas como Mesa de Pole, Pueblo Nuevo, Apone, Hato Viejo y Sur de Ata. Estas acciones han permitido la captura de varios responsables y la incautación de retroexcavadoras y otros equipos utilizados en la extracción ilícita, aunque el impacto aún es insuficiente frente al crecimiento acelerado del fenómeno.
La comunidad local, por su parte, expresa su preocupación por los efectos ambientales que deja la minería ilegal, especialmente la contaminación de fuentes hídricas y la deforestación de zonas protegidas. Habitantes de las veredas afectadas señalan que la actividad avanza sin control, afectando directamente sus modos de vida y la integridad del ecosistema.
Las autoridades municipales insisten en que, además de los operativos, se requiere una estrategia integral que incluya programas sociales, acompañamiento institucional y fortalecimiento de la presencia estatal. Para la Personería, la minería ilegal es un problema que va más allá del orden público, pues compromete la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades rurales.
El llamado concluye con la petición de priorizar al sur del Tolima dentro de las acciones nacionales contra la minería ilegal, advirtiendo que, de no actuarse con prontitud, el territorio podría enfrentar un deterioro ambiental irreversible y un aumento en los riesgos de seguridad para la población.
