El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra Adriana Magali Matiz por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, denunciando sobrecostos, suspensión del servicio y clientelismo político en el departamento.
El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el Tolima al lanzar acusaciones directas contra la gobernadora Adriana Magali Matiz, a quien responsabilizó de irregularidades en el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En un discurso enérgico, el mandatario afirmó que en el departamento “se robaron la comida de los niños y jóvenes de los colegios”, un señalamiento que de inmediato abrió un debate político y social en la región.
Petro cuestionó la forma en que se han adjudicado contratos a fundaciones sin fines sociales y que, según él, terminan desviando recursos hacia campañas electorales. “Aún tenemos gobernadores y gobernadoras que se quedan con la plata porque contratan en los colegios unas fundaciones que no tienen función social sino ganas de quedarse con la plata, que terminan trasladando a las campañas electorales”, advirtió el jefe de Estado en tono contundente.
El mandatario fue más allá y denunció que el clientelismo se alimenta con los recursos destinados a los estudiantes más vulnerables. “Con la plata de la comida de los niños pobres compran el voto de los padres de los niños pobres. Y el padre y la madre hacen el peor negocio porque creen que se ganaron un billete el día de elecciones y votan es por el ladrón de la comida de sus hijos”, expresó Petro en un mensaje que desató reacciones a nivel nacional.
La intervención incluyó una advertencia tajante contra quienes persistan en prácticas de corrupción con programas sociales: “El que haga eso se va para la cárcel. Nosotros no entregamos plata para que en el Tolima se la roben”, remató el presidente, dejando en claro que su gobierno está dispuesto a judicializar a los responsables.
El respaldo a estas denuncias provino del ministro de Educación, Daniel Rojas, y del director de la Unidad de Alimentación Escolar (UApA), Sebastián Rivera. Ambos aseguraron que el Gobierno Nacional aportó el 98% de los recursos del PAE en el Tolima, mientras que la Gobernación solo contribuyó con el 2%. A pesar de ello, el servicio se suspendió por diez días, afectando a cerca de 77.000 estudiantes del departamento.
Otro de los puntos que agravan la situación son los sobrecostos detectados. Mientras que a nivel nacional una ración escolar tiene un valor promedio de $6.000, en el Tolima el costo asciende a $8.379. Esta diferencia, sumada a inconsistencias en el número de beneficiarios reportados, deja en entredicho la transparencia de la administración y aumenta las críticas contra el gobierno departamental.
Las denuncias han despertado preocupación en las comunidades educativas, donde padres y estudiantes reclaman garantías para que los recursos del PAE se utilicen correctamente. Para muchos niños, el programa representa su principal fuente de alimentación diaria, por lo que su suspensión no solo afecta la nutrición, sino también la asistencia escolar y el bienestar familiar en zonas rurales y urbanas.
El futuro del PAE en el Tolima ahora queda bajo la lupa de las autoridades nacionales y de la opinión pública. Mientras se esperan respuestas de la gobernadora Adriana Magali Matiz, el presidente Petro insiste en que no habrá impunidad y que las investigaciones llegarán hasta el fondo. En próximos días se prevé que se revelen detalles sobre el operador del programa en el departamento y su presunta relación con clanes políticos que mantienen influencia en la región.
