A la medianoche, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, firmaron el decreto que implementa la reforma a la salud, pese a que el proyecto aún cursa en la Comisión Séptima del Senado, ahora liderada por un opositor. La medida reactiva el debate sobre el uso del poder ejecutivo para avanzar reformas sin consenso legislativo.
En una sorpresiva decisión tomada a la medianoche del 30 de julio, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmaron el Decreto 0858 de 2025 que pone en marcha la denominada “Reforma a la Salud 2.0”, a pesar de que el proyecto aún no ha sido aprobado por el Congreso y se encuentra en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.
La medida llega justo después de que dicha comisión eligiera como nuevo presidente al senador liberal Miguel Ángel Pinto, un reconocido opositor de la reforma. Pinto hizo parte del grupo de congresistas que hundió la primera versión del proyecto el año pasado. Su elección rompió los pactos partidistas previos, que indicaban que el cargo lo ocuparía un senador del partido Comunes.
El decreto establece un nuevo modelo de atención en salud basado en tres principios: prevención, predicción y resolución. Las EPS serán transformadas en Gestoras de Salud y Vida, entidades que ya no manejarán recursos económicos, sino que se encargarán de funciones de coordinación. El dinero del sistema será administrado por la ADRES, que lo girará directamente a hospitales y clínicas.
Otro de los pilares del decreto es la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), concebidos como la puerta de entrada al sistema de salud. Según el gobierno, estos centros fortalecerán la atención preventiva y permitirán descongestionar los niveles de atención secundaria y terciaria.
El presidente Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter), defendió la decisión y señaló que el Estado está “salvando a las EPS” de su inminente quiebra. “Sus deudas superan sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no existen”, afirmó, reiterando su crítica a un modelo que, en su opinión, ha sido financieramente insostenible.
Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, había saludado la elección de Pinto y manifestado disposición para buscar consensos, la decisión del Ejecutivo evidencia una estrategia distinta. Algunos sectores del Congreso ven esta acción como un nuevo decretazo, similar al que el gobierno promovió en el pasado para presionar la aprobación de la reforma laboral mediante consulta popular.
Desde la oposición, ya se escuchan voces que califican el decreto como un intento del gobierno por imponerse sobre el Congreso. Aseguran que esta vía ejecutiva debilita el debate democrático y pone en entredicho la separación de poderes, especialmente cuando el proyecto aún está en trámite legislativo.
Sin embargo, para el oficialismo y sectores afines, la medida es un paso necesario ante la resistencia del Congreso y el colapso financiero del sistema actual. Argumentan que el decreto se limita a ordenar la implementación administrativa de un modelo que ya ha sido ampliamente discutido y cuyos elementos están contemplados en leyes vigentes.
Lo cierto es que la decisión del gobierno reabre un intenso debate político, jurídico e institucional sobre el alcance del poder ejecutivo para reformar estructuralmente el sistema de salud. En un Congreso dividido, y con la Comisión Séptima en manos de un contradictor, el decreto podría ser una jugada audaz… o el inicio de una nueva crisis institucional.
