El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ganó, y está llevando su victoria a un nuevo escenario. En marzo, cuando el Legislativo le hundió su reforma laboral, una de las tres transformaciones sociales en el corazón de su proyecto político, convocó a una consulta popular para hacer aprobar en las urnas los 12 puntos centrales del proyecto.
Los senadores opositores entendieron que esa consulta podía tener futuro, que la ciudadanía apoyaba mayoritariamente la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores, que estaban dispuestos a salir a votar masivamente, y que eso le ayudaría al petrismo en las elecciones nacionales de 2026.
Decidieron entonces aumentar su apuesta: en mayo resucitaron la reforma laboral, y negaron el aval que requería la consulta en el Senado. Petro respondió con la misma moneda: denunció vicios de trámite en aquella votación de mayo, y firmó un polémico decreto para convocar a la consulta. Esta semana el Legislativo aprobó la reforma laboral, con lo que el presidente derogó el decreto.
Era una victoria, pero no la última. Petro mantiene la presión política en cara al 2026, y anunció su nueva jugada. “La participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”, dijo. “Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones”.
Desde que Petro llegó al poder, una parte de la población colombiana ha temido que intente cambiar la Constitución de 1991. En su corto anuncio, publicado el viernes al mediodía en su cuenta de X, el presidente no acude al canal formal para reformar la Constitución, que detalla ella misma. Para ello debería presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que proponga consultar a los ciudadanos si desean hacer una constituyente.
La ley, que requeriría superar cuatro debates legislativos, debe especificar cinco aspectos: la convocatoria a la asamblea, el número de integrantes que tendrá, los temas que se incluirán, el sistema de elección, y la fecha de inicio y su periodo. Una vez aprobada y firmada por el presidente, este debería remitirla a la Corte Constitucional. Y solo si allí se aprueba, se debería realizar de 2 a 6 meses después del fallo. Es un camino en el que el presidente depende de las otras ramas del poder público, con las que se lleva mal, pues ha dicho que lo maniatan.
Por eso, el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha insistido en que hay otra opción: una convocatoria de una constituyente de origen popular. “Hay una norma que establece que cuando hay un 20% de firmas frente al censo electoral, ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República, es decir, este no podría negarse a convocar la Constituyente”, ha dicho el ministro. Sin embargo, la Constitución no menciona este camino.
