El presidente cambió su postura tras negar anoche la información y ahora confirmó que solicitará la extradición del exfuncionario, quien vivió en la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Managua mientras era requerido por la justicia.
El presidente Gustavo Petro confirmó este jueves que el Gobierno colombiano solicitará a Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector Administrativo de Presidencia y de Inteligencia Nacional, implicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El anuncio, hecho a través de la red social X, representa un giro frente a sus declaraciones de la noche anterior, cuando había calificado la información como falsa y pidió su rectificación.
González enfrenta dos cargos relacionados con presuntas irregularidades en la UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción que han salpicado a la actual administración. El caso cobró fuerza luego de conocerse que el exfuncionario habría residido en la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua, un inmueble destinado exclusivamente al embajador, mientras era requerido por la justicia.
La Cancillería confirmó que fue Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada, quien en mayo pasado firmó una carta solicitando al gobierno nicaragüense tramitar la residencia de González. Este hecho ocurrió pese a que el exfuncionario ya había sido imputado, y sin que Bogotá —ni la entonces canciller Laura Sarabia ni el propio presidente— fueran informados de la gestión.
Muñoz, quien mantiene una alianza política de larga data con el exembajador y actual senador de la Alianza Verde, León Freddy Muñoz, habría permitido que González viviera en la residencia oficial desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025, según reveló el periodista Daniel Coronell. La vivienda, ubicada en un exclusivo sector de Managua y costeada por el Estado colombiano, habría albergado también a las parejas de los implicados.
De acuerdo con la investigación periodística, Luz Dana Leal, pareja de González y exdirectora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena, ocupó un alto cargo que hacía parte de la cuota política entregada por el Gobierno a la Alianza Verde. Este vínculo político habría facilitado la estadía del prófugo en territorio nicaragüense.
El comunicado emitido por la Cancillería la noche anterior no aclaró si el funcionario Óscar Muñoz enfrentará sanciones por actuar sin autorización. El hecho de que se haya gestionado la residencia de un imputado por corrupción en otro país, utilizando recursos y propiedades del Estado, ha desatado una nueva controversia política.
El giro en el pronunciamiento presidencial, que pasó de desmentir la información a anunciar la solicitud de entrega, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión diplomática y el control que el Ejecutivo ejerce sobre sus delegados en el exterior.
Mientras tanto, la opinión pública espera que se esclarezca cómo se permitió la permanencia de González en la residencia diplomática y qué consecuencias enfrentarán los funcionarios involucrados. El proceso para su eventual extradición dependerá ahora de la respuesta del gobierno de Nicaragua y de los acuerdos bilaterales vigentes.
