El Ministerio Público adelanta vigilancia preventiva al contrato firmado por el SETP con la Unión Temporal Ibagué Smart City, tras evidenciar retrasos e irregularidades en la ejecución del proyecto de semaforización. Una veeduría ciudadana también denunció falta de transparencia.
La Procuraduría General de la Nación abrió vigilancia preventiva al Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP), debido a los notorios retrasos en la modernización de la red semafórica de la ciudad. La medida surge tras detectar avances mínimos en el cumplimiento del contrato suscrito con la Unión Temporal Ibagué Smart City.
Según el organismo de control, existen posibles fallas de articulación entre el contratista, la interventoría —a cargo del Consorcio Inter Semafóricas Ibagué— y la supervisión ejercida por la Dirección Operativa del SETP, lo cual compromete la ejecución adecuada del proyecto y podría derivar en la pérdida de recursos públicos.
Además, una veeduría ciudadana presentó una alerta formal por la falta de respuesta del SETP ante solicitudes relacionadas con las pruebas técnicas del contrato, lo que obstaculiza el derecho al control ciudadano y genera dudas sobre la transparencia del proceso.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué solicitó a las autoridades responsables adoptar medidas correctivas y preventivas que aseguren la continuidad y legalidad del proyecto, así como remitir información detallada con soportes técnicos y administrativos que aclaren el estado actual del contrato.
La modernización de la red semafórica ha sido anunciada como un componente clave para mejorar la movilidad en Ibagué, sin embargo, los avances visibles han sido casi nulos, lo que ha incrementado el malestar entre la ciudadanía y generado interrogantes sobre la gestión del SETP.
Desde el Ministerio Público se insiste en que la ejecución eficiente de los recursos públicos es una obligación que debe estar sujeta a estrictos controles técnicos, legales y administrativos, en especial cuando se trata de contratos de alto impacto urbano.
Por ahora, se desconoce si la investigación derivará en sanciones o apertura de procesos disciplinarios, pero la Procuraduría advirtió que continuará con el seguimiento riguroso hasta esclarecer las posibles responsabilidades.
La comunidad ibaguereña espera resultados concretos de este proceso, mientras continúa enfrentando los efectos de una semaforización desactualizada, que afecta la movilidad y la seguridad vial en múltiples sectores de la ciudad.
