El ente de control abrió indagación previa por presuntas fallas en la planeación y ejecución de un contrato firmado por la Alcaldía de Ibagué, que presenta inconsistencias técnicas, demoras y posibles deficiencias administrativas.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Ibagué, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de obra pública destinado a la construcción y mejoramiento de salones comunales. El contrato, cuyo valor asciende a $2.157.713.967, ha generado cuestionamientos por supuestas inconsistencias técnicas y administrativas.
El proceso fue abierto tras la revisión de un informe técnico que evidenció, entre otros hallazgos, que el porcentaje asignado al rubro de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) fue del 25,19 %, sin que se anexara un desglose que justificara detalladamente a qué conceptos o actividades serían destinados estos recursos.
Según el informe de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, este porcentaje podría comprometer la correcta gestión de los recursos públicos, en tanto no se brindó la claridad suficiente sobre su destinación, lo cual representa una posible falta en la etapa de planeación del contrato.
Otro aspecto que llamó la atención del ente de control fue la demora de más de seis meses en la firma del acta de inicio. Aunque el contrato fue legalizado el 5 de enero de 2024, la ejecución solo comenzó el 17 de julio de 2024, afectando la eficiencia del cronograma, pese a que se contaba con un plazo de 150 días calendario para su finalización.
La Procuraduría indicó que esta demora pudo obedecer a la ausencia de permisos clave al momento de la legalización del contrato, entre ellos el de aprovechamiento forestal y la viabilidad ambiental necesaria para llevar a cabo la tala de árboles prevista dentro del alcance del proyecto.
Estas omisiones, de comprobarse, podrían constituir una falta disciplinaria por parte de los funcionarios responsables del proceso contractual. La investigación busca establecer si hubo negligencia o desconocimiento de las normas que rigen la contratación pública en Colombia.
La indagación se encuentra en fase preliminar, lo que implica que aún no hay formulación de cargos, pero se adelanta la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos y definir si procede abrir una investigación formal.
Este nuevo caso se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre la gestión de contratos públicos en Ibagué, lo que ha generado preocupación entre sectores ciudadanos y veedurías, que exigen mayor transparencia y control sobre el uso de los recursos destinados a infraestructura comunitaria.
