El Ministerio Público confirmó en segunda instancia la sanción contra el excanciller por las irregularidades en la licitación de pasaportes. La decisión es definitiva y no admite recursos.
La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. La medida disciplinaria quedó en firme y no admite ningún recurso, según la resolución firmada por el procurador general, Gregorio Eljach. La decisión se tomó tras concluir que el entonces canciller incurrió en graves irregularidades al declarar desierta la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes, proceso que estaba estimado en más de 600.000 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, la Procuraduría encontró que la determinación de Leyva careció de fundamento legal y desconoció principios esenciales de la contratación pública. El fallo sostiene que la decisión vulneró los lineamientos de selección objetiva, transparencia y responsabilidad, pilares que regulan los procesos licitatorios en Colombia. Según el Ministerio Público, la medida adoptada por el excanciller se configuró como una falta gravísima cometida a título de dolo.
Los hechos que motivaron la sanción se remontan a septiembre de 2023, cuando Leyva declaró desierto el proceso licitatorio con el argumento de que solo se presentó un oferente, pese a que cumplía todos los requisitos exigidos en los pliegos. Para la Procuraduría, esa decisión no solo careció de sustento, sino que también afectó la continuidad en la prestación del servicio de expedición de pasaportes, un trámite indispensable para los ciudadanos.
Tras declarar la licitación desierta, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución 7541 del 14 de septiembre de 2023, que estableció la urgencia manifiesta para garantizar el suministro de pasaportes durante un año. Esta decisión, aunque permitió dar continuidad al servicio, también fue cuestionada por la Procuraduría al considerar que vulneraba los principios de economía y planeación que rigen la contratación pública en el país.
El fallo precisó que la licitación desierta configuró el primer cargo disciplinario en contra de Leyva, mientras que la declaratoria de urgencia manifiesta fue el segundo. Si bien la Sala Disciplinaria encontró méritos suficientes para sancionar al excanciller por el primer cargo, no ocurrió lo mismo con el segundo, en el cual no se hallaron pruebas que confirmaran la comisión de una falta disciplinaria.
Este escándalo tuvo un fuerte impacto político en el Gobierno Nacional, pues el manejo de la licitación de pasaportes generó tensiones entre el Ejecutivo y la Procuraduría. En su momento, Leyva defendió su decisión alegando que buscaba proteger los recursos del Estado y evitar que la contratación quedara en manos de una sola empresa, Thomas Greg & Sons, que llevaba 17 años prestando el servicio.
No obstante, para la Procuraduría, esos argumentos no fueron suficientes. El organismo de control señaló que Leyva, al actuar de esa manera, desconoció los procedimientos legales establecidos y terminó favoreciendo una situación de incertidumbre en la expedición de pasaportes, con un alto costo para la administración pública y para los ciudadanos.
La confirmación de esta sanción implica que Leyva no podrá ejercer cargos públicos ni contratar con el Estado durante los próximos diez años. Esta inhabilidad representa un golpe definitivo en su carrera política, marcada por décadas de participación en la vida pública, primero como congresista y luego como canciller del actual Gobierno.
La defensa del exfuncionario había solicitado que se revocara la sanción, alegando que sus decisiones respondieron a la necesidad de garantizar la transparencia en el proceso. Sin embargo, el fallo de segunda instancia ratificó los hallazgos iniciales y cerró la posibilidad de presentar recursos adicionales. La medida, en consecuencia, es definitiva.
El caso Leyva se convierte en un precedente relevante en materia de control disciplinario, pues reafirma la obligación de los altos funcionarios de actuar dentro del marco legal en los procesos de contratación pública. La Procuraduría advirtió que seguirá vigilando con rigor la gestión de los recursos estatales, en particular aquellos que involucran contratos estratégicos como los relacionados con la expedición de documentos oficiales.
