El profesional del derecho Luis Felipe Aranzalez, explicó en entrevista con Caracol Radio, cual es la salida que tiene la Alcaldía de Ibagué, para resolver el problema jurídico recaído en tres demandas por las fallidas obras del puente de la calle 60 con Quinta.
Sobre este tema hay que recordar que el año 2024 la administración municipal sancionó por $3.914 millones al consorcio Puente Carrera Quinta por haber incumplido con las obras de construcción. Esta sanción originó que el municipio enfrenta estos tres procesos judiciales que superan los $70 mil millones.
“Los primero que hay que decir es que estamos frente a la ejecución de un contrato que no ha finalizado, jurídicamente está en estado de suspensión, pero que en cualquier momento se puede reactivar”, resaltó Aranzalez.
Uno de los demandantes, es el Consorcio Puente Carrera Quinta, cuyas pretensiones ascienden a los $58 mil millones por los supuestos daños y perjuicios ocasionados en el desarrollo del objeto contractual.
“Esta demanda está tasada en unos valores ridículos, frente a las posibilidades de derecho, lo que se enjuicia es frente a ese incumplimiento declarado al 100% por parte de la Alcaldía y del cual hemos advertido que fue un error, aunque faltando 30 días para terminar el contrato el avance no superaba el 10%”, indicó el abogado
Aranzalez
Y aseguró que aunque esta demanda trae riesgo para la Alcaldía, el contratista también se pone en riesgo a ser sancionado a futuro por el 10% de ese valor, no se ajustan a la realidad.
Otra de las demandas que existen es una de $7 mil millones de la compañía Mundial de Seguros S.A. que busca recuperar los dineros de la sanción aplicada “Reclaman una afectación al debido proceso, una afectación en relación con la ejecución del contrato”.
Y la última demanda la instauró la firma Megaobras Infraestructura S.A.S. que busca se le condene al municipio por $3.914 millones, a la vez se busca dejar sin piso jurídico la declaratoria de incumplimiento total.
¿Como es el tema de la reactivación del contrato?
El abogado Aranzalez dijo que el proceso se podría reactivar ya que se encuentra suspendido, lo que facilitaría su reanudación, debido a que se mantiene vigente por lo que el municipio podría tomar la decisión. Es viable un acuerdo entre los demandantes y la Alcaldía de Ibagué.
“Por una parte tenemos la sanción de $3.914 que era la clausula penal, de este punto derivan las reclamaciones, podrían llegar a un acuerdo, pero se deberá determinar hasta donde se podría conciliar”, manifestó el jurista.
Este tipo de procesos tienen una duración para una primera instancia entre 2 y 3 años, además de otros 3 años para una segunda instancia lo que tendría en vilo a las partes.
Finalmente, sostuvo que, si el municipio es condenado, a futuro se deberán evaluar las responsabilidades de los funcionarios para que se proceda a resarcir los daños y perjuicios con el patrimonio de quienes hicieron parte del proceso.
