El Gobierno Petro se prepara para un nuevo round legislativo con la radicación del tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. La iniciativa enfrenta ponencias divididas, fuertes resistencias políticas y un creciente desgaste en la opinión pública.
La Comisión Séptima del Senado de la República citó para el próximo martes 14 de octubre el inicio del tercer debate de la reforma a la salud, una de las iniciativas más controversiales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este nuevo intento legislativo busca revivir el proyecto tras el fracaso de su primera versión, archivada meses atrás en la misma comisión junto a la reforma laboral.
La sesión será determinante para el futuro de la propuesta, pues el Congreso mantiene profundas divisiones frente a los alcances de la reforma. En el debate se discutirán tres ponencias: la del Gobierno Nacional, una alternativa presentada por el partido La U, y la de archivo respaldada por la oposición, conformada por el Centro Democrático y el Partido Conservador.
La ponencia oficial, que cuenta con cinco apoyos, insiste en transformar el actual modelo de aseguramiento y fortalecer la atención primaria bajo la figura de Centros de Atención en Salud Territoriales (CAST), gestionados por el Estado. No obstante, el sector privado y varios congresistas han expresado preocupación por lo que consideran una “estatización” del sistema y una amenaza a la eficiencia en la prestación de los servicios.
En contraste, la propuesta alternativa de La U busca un modelo mixto, que mantenga el papel de las EPS como administradoras y mejore la supervisión del sistema. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, una de las líderes visibles del partido, sostuvo un cruce de declaraciones con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de que este cuestionara la falta de compromiso de las regiones con el proyecto gubernamental.
Por su parte, la oposición reafirmó su respaldo a la ponencia de archivo, argumentando que la reforma del Gobierno carece de claridad financiera y que, de ser aprobada, pondría en riesgo la atención médica de millones de colombianos. El uribismo ha calificado el proyecto como una “aventura ideológica” que desconoce la experiencia acumulada del sistema actual.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, revivió la posibilidad de convocar una consulta popular para destrabar la discusión, una propuesta que aún no ha sido discutida oficialmente con el presidente Petro. “No descartamos acudir a la voz del pueblo para definir el rumbo de la salud en Colombia”, afirmó Benedetti, aunque reconoció que sería una decisión de alto costo político.
El ambiente político alrededor de la reforma es tenso. En el Congreso, la correlación de fuerzas no favorece al Gobierno, que enfrenta el reto de recuperar apoyos en medio de una creciente crisis del sistema de salud, caracterizada por la falta de pagos a hospitales, demoras en los tratamientos y quejas constantes de los usuarios.
Analistas consideran que este debate podría convertirse en un punto de quiebre para el Ejecutivo. Mientras el presidente Petro busca mantener la reforma como bandera de su proyecto de “cambio social”, la oposición y sectores independientes la perciben como un riesgo para la estabilidad institucional. Si no logra consenso, el Gobierno podría ver frustrada una de sus principales promesas de campaña.
Con el reloj legislativo en marcha y las tensiones a flor de piel, el 14 de octubre marcará una jornada decisiva para el futuro del sistema de salud colombiano. La reforma llega a su punto más crítico: entre el ideal de justicia social del Gobierno y la advertencia de un colapso institucional si el proyecto no logra equilibrio técnico y político.
