El Gobierno presentó ante el Congreso la reforma más ambiciosa de los últimos años, con un recaudo proyectado de 26 billones de pesos. La propuesta incluye impuestos al consumo, combustibles, servicios digitales y patrimonio, en medio de críticas por la falta de recortes en el gasto público.
Colombia enfrenta la que podría ser la reforma tributaria más ambiciosa de su historia. El presidente Gustavo Petro, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en el Congreso un proyecto con el que se busca recaudar 26 billones de pesos en el primer año de aplicación. La cifra supera la obtenida con la reforma de 2022 presentada por el entonces ministro José Antonio Ocampo. La nueva iniciativa, denominada “Ley de Financiamiento”, se convierte en la piedra angular del Presupuesto General de 2026, que asciende a 556 billones de pesos. Si no se aprueba, advierte el Gobierno, el déficit fiscal podría ser insostenible.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el aumento del impuesto al consumo en productos considerados de lujo o dañinos para la salud. Las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y el tabaco tendrán un gravamen del 30%, lo que representaría ingresos adicionales por más de un billón de pesos. El aguardiente y el ron aportarían 436.000 millones, el whisky 245.000 millones y el tabaco 310.000 millones. Por primera vez, la gasolina estará gravada con IVA, lo que permitiría recaudar 1,5 billones de pesos. Estas medidas, según el Gobierno, no tendrán un impacto significativo en la inflación, aunque persiste el temor por el efecto en el transporte de alimentos y en la canasta básica.
Los servicios digitales también entran en la mira del Ejecutivo. Plataformas de almacenamiento en la nube, apuestas en línea y compras menores a 200 dólares en portales como Amazon y Shein deberán pagar un impuesto del 10%. De igual manera, el turismo dejará de estar exento de IVA para visitantes extranjeros, lo que representaría 200.000 millones adicionales. En cuanto al entretenimiento, los conciertos con boletas que superen los 500.000 pesos pagarán un mayor impuesto, encareciendo la oferta cultural para los ciudadanos.
En materia de renta, la reforma endurece las condiciones para personas naturales y jurídicas. El impuesto máximo para los más ricos se eleva al 39%, mientras que la eliminación de la deducción por dependientes afectará directamente a la clase media, con un recaudo proyectado de 142.000 millones. Los dividendos pierden beneficios y su gravamen se incrementa, mientras que las entidades financieras deberán asumir una sobretasa del 15%, que eleva su carga tributaria efectiva hasta el 50%.
Respecto al impuesto al patrimonio, la reforma reduce el umbral de declaración de 3.600 a 2.000 millones de pesos, aumentando las tarifas y estimando ingresos de 1,8 billones. Aunque el ministro Ávila aseguró que “los grandes patrimonios no se irán”, la experiencia tras la última reforma mostró que más de 6.000 contribuyentes dejaron de declarar bajo esta figura. Las críticas señalan que la medida puede incentivar la fuga de capitales y la evasión fiscal.
Otro de los puntos polémicos es el “giro verde” de la reforma. El impuesto al carbono subirá de 24.000 a 42.000 pesos por tonelada de CO₂, mientras que el descuento por compra de bonos de carbono se reducirá del 50% al 30%. Asimismo, se creará un gravamen del 1% a la primera venta o exportación de petróleo y carbón, con el que se esperan 869.000 millones de pesos. Esto afectará directamente a Ecopetrol y a las regalías que reciben los departamentos productores.
La reforma también incluye una amnistía tributaria bajo la figura de “normalización”, con la que el Gobierno espera recaudar 6 billones de pesos provenientes de deudores con la Dian. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por analistas como Mauricio Salazar, quienes advierten que se convierte en un incentivo para que los contribuyentes esperen futuros perdones fiscales en lugar de cumplir sus obligaciones. “Se aumenta el recaudo hoy a costa de agravar el problema mañana”, señaló el experto.
El futuro de la reforma en el Congreso es incierto. Aunque el Gobierno plantea esta propuesta como una iniciativa maximalista para luego negociar, la oposición insiste en que el Ejecutivo no ha cumplido su promesa de reducir los gastos de funcionamiento ni de gravar únicamente a los 4.000 colombianos más ricos. El exministro Ocampo fue contundente al afirmar que el Congreso no debería aprobar la reforma sin un plan serio de recorte del gasto público. La gran incógnita es si los legisladores avalarán un proyecto que impacta directamente el consumo diario de millones de colombianos.
