Los proyectos están sumidos en incumplimientos y retrasos críticos, la falta de planificación e irresponsabilidad del contratista aumentan el retraso de la ciudad.
La ciudad de Ibagué aún espera la tan anunciada modernización vial y la mejora de su sistema de transporte público, pero los avances siguen siendo mínimos. El contrato para la instalación de semáforos y la rehabilitación de la malla vial fue firmado en febrero de 2025, pero la ejecución del proyecto sigue sin iniciar. A pesar de las declaraciones del director operativo del SETP, Aquileo Medina, de que el proyecto sigue en marcha, la realidad es que los avances son casi nulos.
El consorcio Inter Semafóricas Ibagué, encargado de llevar a cabo la obra, no ha cumplido con los requisitos establecidos para la puesta en marcha del proyecto. Aunque el acta de inicio fue firmada en febrero, hasta el 11 de julio no se había realizado ningún avance visible. Esto ha generado inconvenientes, especialmente con los equipos solicitados para la obra, lo que provocó el fracaso de la primera prueba técnica.
Medina comentó que «el proyecto sigue vivo, pero no se descarta la posibilidad de que pueda caerse». En tal caso, se iniciaría la segunda fase del proyecto, que contempla la intervención de 64 intersecciones de las 98 planificadas. Este proyecto tiene un presupuesto superior a los 8 mil millones de pesos, y su futuro depende de la pronta respuesta de los contratistas.
Al mismo tiempo, la instalación de 1.150 paraderos del SETP también está en estancamiento. A pesar de que el contrato fue adjudicado a principios de 2024, la Contraloría Municipal ha reportado un incumplimiento del 90% en su ejecución. Este retraso refleja la ineficiencia de los contratistas, especialmente después de que el presupuesto inicial de 9 mil millones de pesos fuera ajustado a 8.200 millones en la nueva versión del contrato, extendiendo su vigencia hasta septiembre de 2025.
El contratista encargado de este proyecto, Juan Carlos Ramírez Ospina, ha generado controversia debido a su historial de incumplimientos en proyectos previos. A pesar de las sospechas sobre la transparencia del proceso de adjudicación, sigue al frente de la obra. Un mes después de recibir la adjudicación, comenzó a gestionar su insolvencia, lo que genera aún más dudas sobre su capacidad para llevar a cabo el proyecto.
La falta de avances en ambas iniciativas ha generado desconfianza en la ciudadanía, que exige respuestas claras y soluciones inmediatas. Los ibaguereños no solo esperan mejoras en su infraestructura vial, sino también que los recursos públicos se gestionen de manera adecuada y eficiente. La administración local debe asumir su responsabilidad y la Contraloría Municipal debe intensificar su vigilancia para asegurar que estos proyectos se lleven a cabo con transparencia.
Con el paso de los días, las promesas de mejora en la movilidad urbana y en la calidad de vida de los ibaguereños siguen sin materializarse. La frustración crece entre los ciudadanos, mientras las dudas sobre la capacidad de los contratistas y la gestión pública se intensifican. Las autoridades deben actuar con urgencia para cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar el bienestar de la comunidad.
