Ricardo Orozco Valero fue elegido por unanimidad como nuevo director departamental del Partido Conservador en el Tolima, en reemplazo de la representante Deisy Isaza. La decisión, respaldada por las mayorías del barretismo, se da mientras la Fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades en contratos de salud por más de 609 mil millones de pesos.
El exgobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, fue designado por unanimidad como director del Directorio Departamental del Partido Conservador, en una decisión que marca un nuevo capítulo en la política regional. Su elección se dio en reemplazo de la representante a la Cámara Deisy Isaza, mientras que en el nivel municipal de Ibagué la dirección sigue bajo el liderazgo del concejal Joseph González.
La designación de Orozco no estuvo exenta de polémica dentro de la colectividad. Algunos sectores conservadores manifestaron su inconformidad con la llegada del exmandatario, alegando divisiones internas y falta de respaldo político en ciertas bases. Sin embargo, el barretismo, corriente que mantiene la mayor fuerza al interior del partido, impuso su decisión en el proceso.
En medio de este nombramiento, Ricardo Orozco enfrenta un complejo escenario judicial. La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación penal en su contra por presuntas irregularidades en la contratación del sector salud durante su gobierno entre 2020 y 2023. La denuncia fue presentada por Rodolfo Enrique Salas, actual secretario general del Ministerio de Salud.
El señalamiento indica que durante la administración Orozco se habrían celebrado contratos con presuntos sobrecostos y favorecimientos a entidades específicas, lo que habría representado un desfalco millonario. Según el denunciante, los convenios superaron los 609 mil millones de pesos, poniendo bajo la lupa varias decisiones de la Gobernación.
Entre los hechos investigados figura la adquisición de un acelerador lineal para el Hospital Federico Lleras Acosta, una compra que ha sido cuestionada por presuntas anomalías técnicas y financieras. Asimismo, se analiza la fallida operación de la clínica Unitrauma, que nunca logró consolidar los servicios prometidos pese a los recursos invertidos.
La Fiscalía también indaga sobre otros convenios que, según la denuncia, se habrían ejecutado sin cumplir con los requisitos de la contratación pública. Estos contratos estarían vinculados con lo que ha sido denominado como un posible “cartel de la salud” en el Tolima, en el que se habrían favorecido hospitales y empresas afines.
La investigación, que cuenta con el acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia, mantiene en expectativa a los sectores políticos del departamento, ya que podría derivar en consecuencias legales y electorales para el exgobernador. Hasta el momento, Ricardo Orozco no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el proceso judicial en su contra.
La elección de Orozco al frente del conservatismo tolimense refleja la influencia política del barretismo y su capacidad de mantener el control de la colectividad. No obstante, la sombra de las investigaciones judiciales plantea un panorama incierto, donde la figura del nuevo director enfrenta tanto el reto de cohesionar el partido como de responder ante las autoridades por los cuestionamientos a su administración.
