El contrato de semaforización en Ibagué atraviesa una crisis técnica y contractual que amenaza con frenar uno de los pilares del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). El gerente de la entidad, Aquileo Medina, lanzó una advertencia contundente a la Unión Temporal encargada del suministro e instalación de los nuevos equipos, tras nuevos incumplimientos en su entrega y funcionamiento.
Según Medina, la segunda prueba técnica fue superada, y actualmente la responsabilidad de avanzar recae exclusivamente en el contratista. “Tenemos un proceso sancionatorio que está suspendido y si de aquí a mañana no se da la viabilidad, estaremos iniciando el lunes nuevamente el proceso sancionatorio”, afirmó el gerente en tono enérgico.
El funcionario indicó que la interventoría ya había identificado fallas técnicas por parte de la empresa, motivo por el cual se inició previamente un proceso sancionatorio. Dichas irregularidades estarían relacionadas con la falta de cumplimiento en las especificaciones que exige la modernización de la red semafórica en la capital tolimense.
“Ellos tienen que responder. Si no cumplen con lo pactado, no permitiremos la instalación de los equipos. Este proyecto es clave para la ciudad, y si bien esperamos que no se caiga, no dudaremos en actuar con firmeza para proteger los intereses públicos”, enfatizó Medina, quien recalcó que no se tolerarán más excusas ni demoras.
La advertencia llega en un momento crítico para la movilidad de Ibagué, donde el mal estado de la señalización semafórica ha sido motivo constante de quejas por parte de los ciudadanos y los conductores. El proyecto busca precisamente garantizar mayor seguridad vial y agilidad en los cruces más conflictivos de la ciudad.
Aunque el futuro del contrato de semaforización es incierto, el gerente del SETP destacó avances en otros frentes del plan de movilidad, como la pavimentación de corredores estratégicos y la construcción de modernos paraderos para el transporte público. Estas obras continúan su curso sin contratiempos.
El SETP también evalúa posibles acciones legales en caso de que el contratista insista en no cumplir con lo acordado. La prioridad, según la entidad, es no poner en riesgo la inversión ni los recursos ya asignados para la transformación del sistema de movilidad urbana.
La ciudadanía, por su parte, exige resultados visibles y permanentes. Mientras la semaforización sigue en la cuerda floja, crece la expectativa sobre la capacidad del gobierno local para ejercer control, exigir cumplimiento contractual y garantizar una movilidad más eficiente para Ibagué.
