Una nueva polémica sacude a la administración municipal de Ibagué tras los serios cuestionamientos realizados por los concejales Jorge Bolívar y Arturo Castillo en el Concejo de la ciudad. En el marco de un debate de control político, los cabildantes denunciaron la baja ejecución de recursos para el mantenimiento vial, así como fallas graves en la gestión del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y el IBAL.
Bolívar fue enfático al señalar que la Alcaldía solo ejecutó $3.800 millones de los $20.000 millones presupuestados para pavimentación durante el 2024. “El colapso vial que vivimos en diciembre y enero no es coincidencia. Se debe a la falta de inversión. La ciudadanía sigue cayendo en huecos mientras el dinero se destina a contratos administrativos”, denunció.
El concejal también expuso posibles irregularidades en el contrato por $5.000 millones firmado por el IBAL para el programa ‘combo 3×1’. A pesar de que la administración afirma que tiene un avance del 40 %, la información en la plataforma SECOP muestra que el contrato está suspendido y no presenta informes de ejecución, lo que levanta serias sospechas.
En el caso del SETP, Bolívar apuntó a un contrato de semaforización superior a $8.000 millones que, según el interventor, debería ser liquidado por incumplimientos del contratista. “Pero la administración insiste en mantener vivo un contrato que ya está muerto. Eso es terquedad administrativa que perjudica la movilidad de la ciudad”, subrayó.
Arturo Castillo respaldó estos señalamientos y fue más allá al cuestionar la transparencia en la publicación de los avances contractuales. “No aparecen en el SECOP. ¿Cómo ejercer control si ni siquiera se publican los informes? Esto es grave”, aseveró el concejal, quien reiteró que la rendición de cuentas debe ser una prioridad.
Ambos cabildantes criticaron el uso de recursos en gastos administrativos, arriendos y actividades superfluas, mientras las obras viales siguen paralizadas. “Pan y circo”, fue la frase con la que Bolívar describió la gestión de la Secretaría de Infraestructura, señalando que la comunidad sigue esperando pavimentaciones prometidas.
Castillo también exigió sanciones ejemplares contra contratistas que incumplen. “No podemos permitir que las mismas empresas sigan ganando licitaciones bajo otros nombres. Se requiere aplicar la caducidad de contratos para garantizar resultados”, puntualizó.
Los concejales hicieron un llamado urgente a la administración de Johana Aranda para asumir compromisos claros y visibles antes de finalizar el año. Consideran que la confianza ciudadana está en juego, y que si no se corrige el rumbo, la ciudad seguirá hundida en el atraso.
Además, solicitaron el respaldo de los congresistas del Tolima para promover una reforma a la Ley de Contratación Pública. La intención es evitar que empresas que han incumplido obras sigan accediendo a recursos del Estado, lo que representa un obstáculo para el desarrollo regional.
Este debate dejó en evidencia la preocupación por la gestión de la inversión pública en Ibagué y el riesgo de que millonarios recursos terminen perdidos entre trámites burocráticos, malos manejos y negligencia contractual. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas del gobierno municipal.
