El proyecto plantea una serie de medidas para dignificar las condiciones laborales, fortalecer la formación y garantizar la distribución equitativa de los profesionales de la salud en todo el territorio nacional.
En esa medida, se contempla la eliminación de la tercerización laboral y la contratación a través de cooperativas o intermediarios, una práctica que ha generado precarización y falta de estabilidad en el sector. En su lugar, se fomentará la contratación directa, asegurando que los profesionales de la salud cuenten con vínculos laborales formales y acceso a derechos plenos. Esta medida es especialmente relevante para quienes trabajan en zonas rurales o apartadas, donde la inestabilidad contractual ha sido un obstáculo para la consolidación de equipos médicos sólidos y permanentes.
Otro aspecto clave de la reforma es el fortalecimiento de la participación de los profesionales de la salud en la toma de decisiones del sistema. Se plantea la creación de espacios de diálogo y concertación donde médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector puedan aportar su visión y experiencia para mejorar las políticas públicas en salud. Esto garantizará que las reformas y regulaciones futuras cuenten con la perspectiva de quienes están en la primera línea de atención, promoviendo así un sistema más eficiente y centrado en las necesidades reales de la población.
