La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció que el departamento interpondrá una acción judicial contra varias EPS que adeudan más de $600 mil millones a hospitales públicos, incluyendo el Federico Lleras. La crisis ya ha llevado a declarar alerta roja en algunos centros de salud.
El Gobierno Departamental del Tolima ha decidido emprender acciones judiciales contra varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) que adeudan una cartera superior a los $600 mil millones a hospitales públicos de la región. La crítica situación financiera amenaza con paralizar la atención médica en centros asistenciales de segundo nivel y en el hospital Federico Lleras Acosta.
La gobernadora Adriana Magali Matiz alertó sobre la gravedad del panorama, afirmando que el hospital Federico Lleras acumula una deuda superior a los $210 mil millones. Además, varios hospitales del departamento llevan hasta dos meses sin recibir giros, lo que los ha obligado a operar con recursos de sus propios ahorros.
“Estamos en una situación límite. Hay hospitales que ya se encuentran en alerta roja. No podemos permitir que el sistema colapse por culpa de la irresponsabilidad de las EPS”, declaró Matiz, quien también señaló que el Gobierno Departamental ha estado respaldando a los hospitales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
Aunque algunas EPS han girado el 70% u 80% de lo facturado recientemente, la mandataria aseguró que no se han reconocido las deudas acumuladas en años anteriores, lo que impide una recuperación financiera de los centros asistenciales. Esta omisión ha generado traumatismos en la atención médica y la sostenibilidad de los hospitales.
En respuesta, la Gobernación avanza en la formulación de una acción popular, en conjunto con los gerentes de los hospitales, que busca obligar judicialmente a las EPS a cumplir con sus compromisos económicos. La demanda incluirá todas las pruebas de la deuda acumulada y los impactos que ha generado en la atención en salud.
Pese a la crisis, el Gobierno del Tolima ha logrado mantener a flote el hospital Federico Lleras, principalmente garantizando el pago puntual a médicos, enfermeros y personal administrativo. “Después del día 20 empiezo a llamar a la gerente para saber cómo vamos con el recaudo. Lo primero es el pago al talento humano en salud”, enfatizó la gobernadora.
Los hospitales del departamento están al borde del colapso y la situación podría agravarse si no se recibe una respuesta inmediata de las EPS. La Gobernación ha solicitado también el respaldo del Ministerio de Salud para agilizar mecanismos que garanticen liquidez a los prestadores del servicio.
La acción judicial representa un hito en la lucha por la sostenibilidad del sistema de salud regional y pone de manifiesto la urgencia de reformar los mecanismos de financiamiento y supervisión de las EPS, cuya morosidad ha generado estragos en la salud pública del país.
