La Unidad Nacional de Protección analiza hechos recientes para decidir si amplía el esquema de seguridad de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien emitió un sentido de fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe. El presidente Petro instó a garantizar su integridad y advirtió sobre presiones indebidas contra la justicia.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció que se encuentra evaluando una nueva solicitud para reforzar el esquema de seguridad de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda. La magistrada dictó recientemente sentido de fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, decisión que ha tenido un alto impacto mediático y político en el país.
Según el comunicado oficial emitido el 28 de julio de 2025, la UNP recibió una primera solicitud de protección por parte de la jueza el 11 de febrero del mismo año. Tras realizar la correspondiente valoración de riesgo, se le otorgó un esquema de seguridad que actualmente sigue vigente. No obstante, los recientes hechos relacionados con el caso han motivado una reevaluación urgente de su situación.
En esta nueva etapa, la UNP trabaja de manera coordinada con la Dirección de Protección de la Policía Nacional para analizar lo que denomina “hechos sobrevinientes”. Estos elementos adicionales permitirían determinar si existe una amenaza mayor a la integridad de la jueza Heredia Aranda y, en consecuencia, justificar un refuerzo de su esquema de seguridad.
La magistrada ha estado en el centro de la atención pública debido a su papel protagónico en uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia reciente de Colombia. El sentido del fallo contra el expresidente Uribe, que se extendió por más de ocho horas en audiencia, ha generado múltiples reacciones, incluyendo señalamientos, opiniones divididas y mensajes de apoyo y rechazo en redes sociales.
Durante la jornada de lectura del fallo, el presidente Gustavo Petro se pronunció con firmeza sobre la necesidad de proteger a los jueces en ejercicio de sus funciones. “En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, afirmó, solicitando garantías plenas de seguridad para la togada y su núcleo familiar frente a posibles retaliaciones o presiones indebidas.
El mandatario fue más allá al advertir sobre la conducta de ciertos sectores y medios de comunicación que, según él, han intentado condicionar las decisiones judiciales con fines políticos. “Presionar a la juez para obtener un resultado político y no jurídico, casi hasta amenazarla, como hacen las mafias… eso es intolerable”, declaró con preocupación.
Petro hizo un llamado a todos los ciudadanos, simpatizantes o no del expresidente Uribe, a respetar la institucionalidad judicial. “Lo demás es la bestialidad”, sentenció. También destacó que solo con una justicia fuerte e independiente es posible superar la violencia y construir un país democrático y pluralista que no silencie ni amenace a quienes imparten justicia.
La UNP concluyó que continuará monitoreando la situación y dará respuesta pronta según lo determinen las nuevas valoraciones técnicas de riesgo. Mientras tanto, el caso sigue generando amplio debate en la opinión pública y en los escenarios políticos, donde se discute no solo el fallo, sino también las garantías de independencia para el poder judicial en Colombia.
