La secretaria de Infraestructura, Planeación y Servicios Públicos de Ataco, Adriyojana Lugo Camacho, se presentó ante las autoridades en Ibagué y quedó cobijada con medida de aseguramiento domiciliaria por su presunta vinculación a las irregularidades investigadas en un proyecto de saneamiento básico superior a los $21.550 millones. Durante la audiencia, la Fiscalía también expuso su vínculo familiar con el exalcalde Miller Aldana Castro.
La presentación voluntaria de Lugo Camacho se produjo en medio de las actuaciones judiciales que buscan esclarecer el manejo de los recursos públicos destinados a mejorar las condiciones de saneamiento básico en las comunidades rurales de Ataco. Después de comparecer ante las autoridades en Ibagué, fue puesta a disposición de la justicia y trasladada al escenario de las audiencias preliminares, donde se definió su situación jurídica. La decisión del juez establece que deberá permanecer en una residencia de Neiva, Huila, mientras avanza la investigación.
Uno de los aspectos expuestos por la Fiscalía durante la audiencia fue el vínculo familiar entre la funcionaria y el exalcalde Miller Aldana Castro, quien también enfrenta un proceso judicial por este caso. La mención de este parentesco hizo parte de los elementos presentados por el ente acusador para contextualizar las relaciones entre algunas de las personas vinculadas a la investigación. Sin embargo, este vínculo familiar, por sí solo, no constituye prueba de responsabilidad penal.
De acuerdo con la información documental disponible, Adriyojana Lugo Camacho fue nombrada secretaria de Infraestructura, Planeación y Servicios Públicos de Ataco mediante el Decreto 004 del 2 de enero de 2020. Además, un documento de la Contraloría Departamental del Tolima la identifica como supervisora del Contrato de Obra 649 de 2019 desde esa misma fecha. Estos antecedentes permiten establecer su relación administrativa con proyectos de infraestructura municipal y serán relevantes para determinar las responsabilidades que le correspondan.
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El proceso de investigación también comprende el macroproyecto de saneamiento básico que contemplaba la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco, con una inversión superior a los $21.550 millones provenientes del Sistema General de Regalías. Según las publicaciones periodísticas sobre el expediente, los contratos relacionados con esta iniciativa fueron suscritos entre junio y agosto de 2022, con financiación aprobada a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), debido a la condición del municipio como territorio PDET.
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Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a posibles irregularidades en la contratación, el direccionamiento de los procesos de selección y la ejecución de las obras. Entre los elementos conocidos figura la presunta autorización de pagos por actividades que no habrían sido ejecutadas, situación que habría ocasionado un posible detrimento patrimonial cercano a los $499 millones. Asimismo, el ente investigador ha señalado que el proyecto permanece inconcluso, pese a los recursos comprometidos para su desarrollo.
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Este expediente ya había generado repercusiones judiciales con la captura del actual alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez; el exmandatario Miller Aldana Castro y el contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez. Los tres fueron imputados por diferentes conductas relacionadas con las presuntas irregularidades contractuales y recibieron medidas de aseguramiento domiciliarias. En el caso de los primeros procesados, la Fiscalía había solicitado detención en establecimiento carcelario, pero la decisión judicial fue apelada por el ente acusador.
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La dimensión del caso genera especial preocupación por el impacto que representa para las comunidades campesinas beneficiarias. Las 1.170 unidades sanitarias estaban proyectadas para atender necesidades básicas en 47 veredas, mejorar las condiciones de salubridad y contribuir al acceso a servicios de saneamiento en sectores rurales históricamente afectados por diferentes problemáticas sociales y económicas. La falta de culminación de las obras mantiene bajo cuestionamiento el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron destinados los recursos públicos.
Con la vinculación de Adriyojana Lugo Camacho, el proceso judicial suma otro capítulo en la investigación por los presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación pública en Ataco. Ahora corresponderá a la Fiscalía continuar con la recolección y presentación de los elementos probatorios, mientras la defensa de los implicados ejerce sus derechos dentro del proceso. La justicia deberá establecer la participación individual de cada investigado y determinar si existieron responsabilidades penales, sin desconocer la presunción de inocencia que ampara a todos los procesados.
