La Fiscalía investiga al alcalde Camilo Ernesto Valencia, a la secretaria de Hacienda Claudia Alexandra Marín y al contratista Jorge Armando Castro Sierra por un contrato que, según la denuncia, no cumplía con los requisitos legales. El caso ya fue asignado a la Unidad de Administración Pública del Tolima.
Una denuncia formal radicada en la Fiscalía General de la Nación compromete al alcalde de Cajamarca, Camilo Ernesto Valencia, a la secretaria de Hacienda, Claudia Alexandra Marín, y al contratista Jorge Armando Castro Sierra, por un contrato que habría sido suscrito en condiciones presuntamente irregulares. El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía 38 Seccional del Tolima, bajo la Unidad de Administración Pública.
De acuerdo con el documento revelado por Ecos del Combeima, el proceso se inició el 18 de enero de 2024, cuando la Alcaldía de Cajamarca expidió un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) por 12 millones de pesos para contratar servicios profesionales en la Secretaría de Hacienda. En los estudios previos se fijó como requisito que el contratista debía ser contador público con al menos seis años de experiencia profesional.
La denuncia señala que el contratista seleccionado, Jorge Armando Castro Sierra, terminó sus estudios en noviembre de 2019 y recibió su título de contador en marzo de 2020. Es decir, al momento de la firma del contrato solo acreditaba cuatro años, un mes y 18 días de experiencia profesional, lo que sería insuficiente para cumplir con los requisitos exigidos en la contratación.
Posteriormente, según el mismo documento, el alcalde Valencia firmó el contrato junto con la secretaria de Hacienda y el contratista, fijando un valor final de 24 millones de pesos, el doble de lo estipulado inicialmente en el CDP. Este ajuste económico también hace parte de los cuestionamientos de la denuncia.
El escrito advierte que los hechos podrían configurar el delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, contemplado en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000, artículo 410). Las penas establecidas para este tipo de conducta oscilan entre 64 y 216 meses de prisión, multas de hasta 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
La Fiscalía ya verificó la existencia de la denuncia y confirmó que fue asignada el pasado 5 de septiembre de 2025. La investigación se encuentra en etapa preliminar y busca establecer la responsabilidad de los funcionarios y del contratista en el proceso señalado.
El denunciante, cuya identidad permanece en reserva, también anexó documentos como los estudios previos, el contrato suscrito y el acta de idoneidad, que habrían servido de soporte para la firma del contrato. Estos archivos ya reposan en el expediente abierto por la Fiscalía.
Frente a las acusaciones, Ecos del Combeima solicitó un pronunciamiento oficial al alcalde Camilo Ernesto Valencia a través de su chat de WhatsApp. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible obtener una respuesta del mandatario local.
La investigación abre un nuevo capítulo de escrutinio sobre la contratación pública en Cajamarca, municipio que ha estado en la lupa por presuntos manejos irregulares en la administración de los recursos. La ciudadanía ahora espera claridad sobre este proceso y eventuales decisiones de la justicia.
De comprobarse las irregularidades señaladas, el caso podría tener graves consecuencias para los implicados, quienes enfrentarían sanciones penales, disciplinarias y administrativas. Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso bajo la supervisión de la Dirección Seccional de Fiscalías del Tolima.
