La Contraloría Departamental inició actuaciones especiales de fiscalización en los municipios de Cunday y Cajamarca por denuncias de posibles irregularidades en contratación y manejo de recursos públicos.
La Contraloría Departamental del Tolima confirmó la apertura de actuaciones especiales de fiscalización en los municipios de Cunday y Cajamarca, tras recibir denuncias ciudadanas y del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en la contratación. El proceso busca garantizar que los recursos públicos sean administrados con transparencia y dentro de la legalidad.
En el caso de Cunday, los auditores revisan contratos correspondientes a las vigencias 2024 y 2025. Las denuncias, registradas bajo los números 032, 034 y 035 de este año, fueron radicadas directamente ante la entidad de control, lo que motivó la apertura de esta auditoría extraordinaria para verificar la correcta destinación de los fondos.
Por su parte, en Cajamarca, la investigación se centra en el Instituto Cajamarcuno para el Deporte y la Recreación, donde se señalan presuntas anomalías en la ejecución de recursos entre los años 2020 y 2024. El caso llegó al despacho de la contralora gracias a un informe trasladado por el Ministerio Público.
La contralora Carolina Giraldo explicó que estas actuaciones no significan automáticamente la existencia de hallazgos de corrupción, sino que tienen un carácter preventivo. Según indicó, la finalidad es evaluar los procesos de contratación y garantizar que cumplan con los principios de legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión pública.
“Este tipo de auditorías son una herramienta de control preventivo que permiten verificar si los recursos de los tolimenses se están administrando de manera correcta y sin irregularidades”, afirmó Giraldo. Al mismo tiempo, reiteró que cualquier hallazgo deberá ser soportado con pruebas técnicas y jurídicas.
Los equipos de la Contraloría ya están en terreno adelantando las visitas y revisiones documentales. Entre las tareas se encuentran entrevistas, análisis de expedientes contractuales y verificación de la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.
La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que se convierta en aliada del control fiscal, recordando que las denuncias ciudadanas han sido fundamentales en la identificación de posibles irregularidades. “La participación ciudadana fortalece la transparencia y ayuda a construir un Tolima con mayor confianza institucional”, enfatizó Giraldo.
Con estas acciones, la Contraloría busca enviar un mensaje claro: la vigilancia sobre el uso de los recursos es permanente y las autoridades locales deberán responder por la legalidad de sus actos administrativos. La expectativa está puesta en los resultados de estas auditorías, que podrían derivar en sanciones o correctivos según los hallazgos.
