El presidente electo ordenó frenar el proceso de transición con el Gobierno saliente en medio de fuertes acusaciones políticas, mientras crecen las reacciones de ministros, congresistas y gremios económicos.
El proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella entró en un escenario de incertidumbre luego de que el mandatario electo ordenara la suspensión inmediata de las reuniones de transición. La decisión, anunciada a través de su cuenta en la red social X, interrumpió un procedimiento institucional que ya había comenzado con encuentros entre ministros salientes y los delegados designados por el nuevo gobierno para recibir la información de cada sector.
La determinación fue comunicada en las primeras horas de la mañana, cuando De la Espriella aseguró que instruyó al vicepresidente electo para detener el proceso de empalme con el Gobierno Nacional. En su mensaje calificó a la administración saliente como un «gobierno corrupto» y afirmó que sus actuaciones buscan afectar al país antes de concluir el periodo presidencial. Sus declaraciones provocaron inmediatas reacciones desde distintos sectores políticos e institucionales.
La suspensión sorprendió a varios funcionarios debido a que el día anterior se había desarrollado una reunión entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro designado para esa cartera, Rodrigo Lara Restrepo, quienes habían acordado avanzar en un proceso de transición basado en la entrega ordenada de información, el respeto institucional y la colaboración entre los equipos técnicos de ambas administraciones.
De igual manera, para la jornada estaba prevista una reunión entre el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el futuro titular de esa cartera, Iván Cancino, con el propósito de revisar los avances del sector. Sin embargo, tras la orden presidencial, los integrantes de la comisión de empalme fueron notificados sobre la suspensión de todas las actividades programadas mientras se evalúan los pasos a seguir en la transición gubernamental.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien coordina el proceso de empalme por parte del nuevo gobierno, confirmó la decisión mediante un pronunciamiento público. No obstante, señaló que la suspensión de las reuniones oficiales no implica el cese del trabajo del equipo técnico, que continuará recopilando información, documentando la situación de las entidades estatales y preparando los insumos necesarios para la posesión del nuevo gobierno.
Desde el Ejecutivo, el coordinador del empalme por parte del Gobierno saliente y ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que resulta imposible desarrollar un proceso de transición en un ambiente marcado por señalamientos, ofensas y acusaciones. El funcionario indicó que desde la semana anterior se había propuesto adelantar un empalme basado en el respeto institucional y anunció la presentación de una denuncia contra Carlos Alonso Lucio por declaraciones relacionadas con una eventual judicialización del presidente Gustavo Petro.
La controversia también generó reacciones en el ámbito político. El senador Mauricio Giraldo respaldó la decisión del presidente electo y sostuvo que la suspensión responde a la necesidad de exigir garantías institucionales durante la transición. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, afirmó que el ambiente se deterioró tras las acusaciones formuladas contra el Gobierno Nacional y defendió la importancia de mantener un proceso de empalme democrático y respetuoso de las instituciones.
Los gremios económicos también expresaron preocupación por el impacto que esta situación podría tener sobre la estabilidad institucional y la confianza del país. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, consideró que el ambiente de confrontación no favorece a Colombia y pidió facilitar una transición ordenada. En la misma línea, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado para que el proceso de entrega del Gobierno se desarrolle con transparencia, respeto por los resultados electorales y pleno cumplimiento de los principios democráticos.
