El concejal de Ibagué cuestionó la falta de resultados visibles frente a la decisión judicial relacionada con Villa Resistencia, cuyo plazo de cumplimiento, según indicó, venció el pasado 5 de octubre. Además, pidió a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección evaluar su situación de seguridad, tras denunciar amenazas de muerte que, asegura, limitan su movilidad por algunos sectores de la ciudad.
El concejal César Franco volvió a poner sobre la mesa la situación de Villa Resistencia, en Ibagué, luego de recibir nuevos reportes de habitantes de la ciudadela Simón Bolívar sobre las condiciones que se viven en este sector y las actuaciones pendientes de las autoridades municipales.
El cabildante manifestó su preocupación por el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado relacionado con el asentamiento, cuyo plazo, según explicó, tenía como fecha límite el pasado 5 de octubre. Franco sostuvo que, hasta el momento, no evidencia resultados concretos frente a las medidas que, de acuerdo con su interpretación, incluyen el desalojo del lugar.
La situación ha generado cuestionamientos sobre las acciones adelantadas por la Administración Municipal para atender la decisión judicial. Sin embargo, está pendiente conocer un pronunciamiento oficial de la Alcaldía de Ibagué que precise las actuaciones realizadas y el estado actual del cumplimiento del fallo.
En medio de este panorama, el concejal también reveló que no pudo asistir recientemente a una reunión programada en la comuna Ocho por motivos de seguridad. Según afirmó, ha recibido amenazas de muerte que le generan temor y dificultan sus desplazamientos hacia determinados puntos de la capital tolimense.
Ante estos hechos, Franco solicitó públicamente la intervención de la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las demás entidades competentes, con el propósito de que se evalúe el nivel de riesgo que enfrenta y se determinen las medidas necesarias para proteger su vida e integridad.
El funcionario señaló que las intimidaciones denunciadas afectan su tranquilidad y el ejercicio de sus actividades públicas, especialmente su contacto directo con las comunidades. Por ello, insistió en la necesidad de recibir garantías de seguridad para continuar desarrollando su labor como representante político.
Franco aseguró que seguirá dando a conocer las preocupaciones expresadas por los habitantes de la ciudadela Simón Bolívar y los asuntos relacionados con la seguridad y la situación de Villa Resistencia. Entretanto, se espera que las autoridades competentes se pronuncien tanto sobre sus denuncias como sobre las medidas adoptadas para atenderlas.
El caso deja dos asuntos pendientes de respuesta institucional: la verificación del cumplimiento de la decisión judicial relacionada con el asentamiento y la evaluación de las amenazas denunciadas por el concejal. La información disponible corresponde a los señalamientos del cabildante, por lo que se requiere conocer las versiones oficiales de las entidades involucradas.
