El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió a los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sobre la manera en que fueron presentados los cuerpos de personas abatidas durante la Operación Azarías, en Guaviare. El funcionario defendió el deber constitucional de la Fuerza Pública de combatir a los grupos armados, mientras la Defensoría pidió respetar la dignidad de los fallecidos.
Un nuevo choque institucional se produjo entre el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo luego de los cuestionamientos formulados por la defensora Iris Marín Ortiz sobre la forma en que fueron presentados públicamente los cuerpos de personas fallecidas durante la Operación Azarías, desarrollada en el departamento del Guaviare.
La controversia surgió después de que Marín cuestionara que los cadáveres fueran utilizados como parte de la presentación de los resultados de una operación militar, al considerar que las imágenes y mensajes emitidos por las autoridades deben preservar la dignidad humana. La funcionaria aclaró que su posición no significa desconocer el deber constitucional del Estado de enfrentar a los grupos armados ilegales.
Frente a estas declaraciones, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, manifestó su respeto por la Defensoría del Pueblo y reconoció su papel como institución encargada de proteger los derechos de las víctimas. Sin embargo, calificó como una “triste equivocación” cualquier interpretación que, a su juicio, equipare la actuación estatal con la de las organizaciones criminales.
Lara sostuvo que el Estado tiene la obligación constitucional de combatir a quienes ejercen violencia contra la población y aseguró que el Gobierno requiere el acompañamiento de la Defensoría en esa tarea. El ministro hizo referencia particularmente a estructuras señaladas de utilizar drones para atacar, reclutar menores y ejercer acciones violentas contra comunidades en diferentes regiones del país.
“El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas”, expresó el jefe de la cartera política, quien insistió en que las instituciones deben trabajar conjuntamente para enfrentar a los grupos armados y proteger a las comunidades afectadas por la violencia.
El ministro también aprovechó su respuesta para cuestionar nuevamente la política de Paz Total, implementada durante el Gobierno anterior. Lara afirmó que Colombia está poniendo fin a esa estrategia y la responsabilizó, desde su perspectiva, de haber dejado poblaciones expuestas al control y la violencia de organizaciones criminales.
La defensora del Pueblo, por su parte, ha insistido en que sus cuestionamientos no están dirigidos contra las operaciones legítimas de la Fuerza Pública, sino contra la manera en que se comunican sus resultados. Marín sostuvo que incluso en contextos de confrontación existen límites constitucionales y humanitarios que deben ser observados, especialmente cuando se trata del tratamiento y exposición de personas fallecidas.
La discusión abrió nuevamente el debate nacional sobre la manera en que el Estado comunica los resultados de las operaciones militares y sobre el equilibrio entre la defensa de la seguridad, el cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública y la protección de los derechos humanos. Mientras el Gobierno defiende su ofensiva contra las estructuras armadas, la Defensoría plantea avanzar en una coordinación institucional que permita enfrentar la violencia sin desconocer la dignidad humana.
