Residentes del corregimiento aseguran que los olores ofensivos y la proliferación de moscas generan graves impactos ambientales, de salud pública y económicos. La comunidad exige a las autoridades el cierre o reubicación de la actividad avícola en cumplimiento del POT.
En el corregimiento de El Totumo, en Ibagué, los habitantes volvieron a alzar su voz de protesta frente a lo que consideran una problemática ambiental y de salud pública de grandes proporciones. Se trata de los olores ofensivos y la proliferación de moscas que generan los galpones de la empresa Pollos GAR, ubicados a escasos metros del casco urbano, lo que afecta la calidad de vida de la comunidad.
La denuncia ciudadana no es nueva. Según los residentes, desde hace varios años se han interpuesto quejas formales ante la Alcaldía, la Secretaría de Planeación y Cortolima, sin que hasta el momento se haya adoptado una solución definitiva. Aseguran que la situación se ha vuelto insostenible, especialmente en temporadas de calor, donde el hedor se intensifica y altera el bienestar de la población.
De acuerdo con testimonios de la comunidad, los galpones producen entre 30.000 y 40.000 pollos por ciclo, en un área que, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), está destinada al turismo y la recreación campestre. Esto, afirman los denunciantes, contradice el uso del suelo permitido y pone en riesgo la vocación turística del corregimiento, reconocido por su entorno natural.
Los olores son más intensos en horas de la madrugada y al anochecer, momentos en los que los residentes aseguran que resulta imposible disfrutar de la tranquilidad de sus hogares. Además, la Corte Constitucional ha advertido en fallos previos que este tipo de afectaciones puede constituir una violación a derechos fundamentales como la salud, la intimidad y el ambiente sano.
La situación no solo impacta la salud y la convivencia, sino también la economía local. Propietarios de restaurantes, fincas turísticas y pequeños negocios aseguran que la disminución en la afluencia de visitantes se ha sentido en los últimos años, debido a la mala percepción que generan los olores y la presencia de moscas en la zona.
Los residentes señalan que, pese a las múltiples quejas, las autoridades han limitado su actuación a visitas técnicas y estudios que no han derivado en medidas de fondo. Insisten en que lo que está en juego no solo es el bienestar de los pobladores, sino el desarrollo turístico del corregimiento y la sostenibilidad ambiental de Ibagué.
En su más reciente pronunciamiento, la comunidad hizo un llamado urgente a la alcaldesa Johana Aranda, a la secretaria de Planeación Daniela Cabrera y al secretario de Gobierno Francisco Espinosa. Piden acciones inmediatas y de carácter policivo que trasciendan el papeleo y se traduzcan en soluciones reales.
La exigencia principal es clara: que se revise la legalidad de las licencias otorgadas y, en caso de incumplimiento de las normas del POT, se ordene el cierre o reubicación de la actividad avícola. Los habitantes advierten que, de no haber una respuesta oportuna, acudirán a instancias judiciales para la defensa de sus derechos fundamentales.
