El Tribunal Superior de Ibagué dejó en firme la pena de seis años de prisión contra el exmandatario Yesid Fernando Torres Ramos por irregularidades en un programa de mejoramiento de vivienda.
El Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena de seis años de prisión contra Yesid Fernando Torres Ramos, por su responsabilidad en irregularidades contractuales relacionadas con un programa de mejoramiento de vivienda urbana en el municipio de Alvarado.
La decisión judicial deja en firme el fallo dentro de uno de los procesos más relevantes por presunta corrupción administrativa en el norte del Tolima, cerrando así una etapa clave en la investigación adelantada por la Fiscalía.
Los hechos se remontan al año 2014, cuando el entonces mandatario suscribió 12 contratos de prestación de servicios para ejecutar mejoras en seis viviendas, dentro del programa denominado Bloquera Solidaria.
De acuerdo con las investigaciones, dichos contratos se realizaron sin el cumplimiento de los requisitos legales y fueron firmados a nombre de un tercero que nunca participó en el proceso, cuya firma habría sido falsificada en la documentación contractual y en los pagos.
Asimismo, se evidenció que el exalcalde suscribió actas de inicio, adición y liquidación en las que certificaba reuniones con el supuesto contratista, encuentros que, según las autoridades, nunca se llevaron a cabo.
Las autoridades también establecieron que Torres Ramos se apropió de parte de los recursos del proyecto, por un valor cercano a seis millones de pesos, mientras que las personas que ejecutaron las obras recibieron pagos inferiores a los pactados.
El caso involucró además a otros dos exfuncionarios: Carlos Fernando Cortés Ayala, exjefe de Planeación, condenado a cinco años de prisión, y Luis Enrique Corral Guzmán, exjefe de Servicios Públicos, quien recibió una pena de cuatro años por su participación en los hechos.
Los tres fueron hallados responsables de delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión, en un caso que impactó un programa social dirigido a mejorar las condiciones de vivienda de familias del municipio.
