Al menos 95 trabajadores con contrato vigente hasta 2025 ocuparon el Palacio Municipal para reclamar los pagos de mayo, junio y julio. La administración local envió un escuadrón del UNDEMO en la madrugada; la protesta continúa mientras avanzan diálogos con la Defensoría del Pueblo.
La tensión se apoderó del municipio de Coyaima, sur del Tolima, luego de que 95 contratistas decidieran tomar el Palacio Municipal desde la mañana del jueves para exigir el pago de sus honorarios atrasados. Los manifestantes aseguran que, pese a contar con acuerdos laborales firmados hasta diciembre de 2025, no han recibido un solo peso por sus servicios correspondientes a los últimos tres meses.
Según Omar Perdomo, vocero del colectivo, la situación se agravó sobre las seis de la mañana de este viernes, cuando un camión con aproximadamente 25 uniformados de la unidad UNDEMO llegó al lugar por orden del alcalde Luis Orlando Ortiz y el secretario de Gobierno. Aunque los contratistas se sintieron amedrentados, la mediación del personero municipal evitó enfrentamientos.
Los trabajadores sostienen que han cumplido sus labores y han entregado los informes de gestión debidamente firmados, incluso realizando tareas operativas como la recolección de basuras en el corregimiento de Castilla, preparatorias para las festividades del 18 al 20 de julio. Sin embargo, afirman que el trámite final se atasca en la firma del secretario de Gobierno.
“Tenemos todo al día, pero el visto bueno final nunca llega. Mientras tanto, a diez contratistas cercanos al alcalde ya les consignaron”, afirmó uno de los manifestantes, señalando posibles favoritismos dentro de la administración.
El alcalde Ortiz no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias; no obstante, fuentes de la Alcaldía indicaron que los pagos se encuentran en proceso y dependen de la disponibilidad presupuestal y la aprobación de la Tesorería municipal.
La presencia policial fue justificada por la Secretaría de Gobierno como una medida preventiva para “proteger la integridad de los servidores públicos y de los manifestantes”, versión que difiere del relato de los contratistas, quienes califican la acción como un intento de intimidación.
Representantes de la Defensoría del Pueblo instalaron una mesa de diálogo entre los inconformes y funcionarios de la Alcaldía, pero hasta la tarde de este viernes no se había logrado un acuerdo definitivo. Los contratistas insisten en permanecer dentro del edificio hasta obtener un cronograma claro de pago.
Mientras la presión aumenta, la comunidad observa con preocupación el impacto que el conflicto pueda tener en la prestación de servicios y en la organización de las festividades locales, previstas para la próxima semana.
