Con una inversión superior a $2.100 millones, Cortolima puso en marcha la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en zona rural de Ortega, con el objetivo de reducir la contaminación hídrica y mejorar la calidad de vida de comunidades campesinas e indígenas.
La Cortolima dio inicio a la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la vereda Mesa de Ortega, en el municipio de Ortega, como parte de una estrategia para proteger las fuentes hídricas del sur del departamento.
El proyecto, que supera los $2.196 millones de inversión, busca mitigar la contaminación generada por vertimientos domésticos en la quebrada Nuquil y el río Ortega, dos afluentes clave para el equilibrio ambiental de la región.
De este monto, cerca de $1.500 millones son financiados por la corporación ambiental, mientras que el restante corresponde a aportes de la administración municipal, en un esfuerzo conjunto por fortalecer el saneamiento básico rural.
La obra contempla la construcción de redes de alcantarillado y una PTAR con diseños proyectados a 25 años, lo que permitirá garantizar una solución sostenible para el tratamiento de aguas residuales en la zona.
Según explicó Olga Lucía Alfonso Iannini, esta intervención no solo apunta a la recuperación de microcuencas, sino también a la reducción de enfermedades asociadas a la contaminación, como afecciones respiratorias y gastrointestinales.
En términos técnicos, el proyecto incluye la instalación de 2.746 metros de tubería, 38 pozos, 660 metros de redes domiciliarias y 110 acometidas, además de sistemas de tratamiento como trampas de grasa y tanques sépticos con filtros anaeróbicos.
La funcionaria indicó que la obra tendría un plazo estimado de seis meses, tras los cuales será entregada a la Alcaldía de Ortega para su operación, beneficiando directamente a familias campesinas e indígenas asentadas en la ribera de la quebrada Nuquil.
En paralelo, Cortolima adelanta la construcción de un reservorio de aguas lluvias en la comunidad indígena Cucharo San Antonio, con una inversión de $187 millones. Este proyecto, que ya alcanza un 15% de ejecución, busca garantizar el acceso al recurso hídrico para consumo, riego y actividades productivas en medio del aumento de las temperaturas en la región.
