Se trata del proyecto Los Venados, promovido por la empresa internacional Voltalia, buscaba instalar una planta fotovoltaica de 15 megavatios y una línea de transmisión de 34.5 kV en zona rural de Venadillo. Más allá de la inversión de más de 10 millones de dólares, la comunidad lo veía como una oportunidad concreta de empleo, formación técnica y generación de energía limpia. Sin embargo, una resolución de Cortolima que, según la denuncia, desconoció la voluntad popular, desestimó evidencia técnica y emitió una decisión sin justificación.
“Somos testigos de cómo la corporación pretende vulnerarnos el derecho al trabajo, a un ambiente sano, porque comprendemos lo que implica la energía renovable y la descarbonización del medio ambiente”, se lee en el documento firmado por Carrillo y dirigido a la Procuraduría y a Cortolima.
El líder comunal Eduard Ferley Carrillo no solo cuestiona la decisión de Cortolima, sino también el trato que la corporación dio a la comunidad. En la carta enviada a la Procuraduría, el representante de la JAC relata que el pasado 2 de mayo se presentó una solicitud formal para conocer el estado del trámite ambiental: “De manera displicente nos contestan que estaban en la proyección del acto administrativo, sin responder de fondo lo que nos continúa intrigando”, señaló Carrillo.
Según un informe emitido por la Universidad de Ibagué en 2024, Venadillo (Tolima) tiene una economía rural concentrada en agricultura, ganadería y comercio local. En 2021, su valor agregado fue apenas del 1,07%, reflejando baja industrialización y pocas opciones productivas. A esto se suma una tasa de desempleo del 12% en Tolima (Dane, 2024).
El sustento técnico de la planta solar en Venadillo
El líder comunal asegura que detrás del proyecto Los Venados hay una comunidad que participó activamente acompañando cada etapa del proceso y que hoy da fe del cumplimiento técnico por parte de la empresa. Eduard Carrillo señala que desde el inicio los habitantes del territorio estuvieron involucrados en las socializaciones, en los trabajos de campo y en el proceso técnico del proyecto.
“La comunidad ha estado muy de cerca. Primero, en las socializaciones que hizo Voltalia antes de hacer cualquier trabajo. Segundo, el personal de mano de obra que necesitaban lo contrataron en la zona. Entonces la gente de la vereda puede dar fe de todo el trabajo técnico que hizo la empresa para poder presentar los documentos a Cortolima”, explicó Carrillo.
El líder comunal también señala que miembros de la comunidad fueron empleados para la recolección de información técnica, participaron en actividades de campo y estaban en proceso de formación con el SENA para obtener certificación técnica.
“Habíamos pasado los documentos para que vinieran y nos capacitaran en paneles solares y después nos graduaran como técnicos y trabajar con ellos. Pero todo eso se paró. La gente está muy desilusionada”, aseguró Carrillo.
Desde la compañía se estima que se cumplió con los 41 requerimientos formulados por Cortolima, entregó estudios ambientales, modelaciones técnicas y pruebas de campo.
Daño económico y potencial afectación ambiental para el municipio
Fuentes de la comunidad y cercanas al proyecto aseguran que el concepto negativo de Cortolima tiene un impacto en empleos directos e indirectos en el municipio, procesos de formación técnica para jóvenes rurales y una reducción de 23.000 toneladas de CO₂ anuales.
