En 25 de los 47 municipios del Tolima, la Procuraduría General de la Nación, adelanta procesos de investigación contra los gobernadores, alcaldes, funcionarios y contratistas, al parecer, por supuesto mal manejo de los recursos destinados para la pandemia.
La investigación al gobernador Ricardo Orozco, la suspensión de la secretaria de salud Alexandra Márquez, la captura de los alcaldes de Palocabildo Nelson Gómez Velásquez y San Antonio Jorge Iván Vásquez Martínez, otros funcionarios, particulares y contratistas, con medida de aseguramiento para todos, y la suspensión de contratos, tienen al Tolima en el ojo del huracán, y con más de 40 procesos de investigación.
La avalancha de corrupción, como lo dijo el procurador Fernando Carrillo, la ampliaron las alcaldías de Ibagué con cinco indagaciones, Rovira cuatro, Chaparral tres, San Antonio uno, Natagaima dos, Alvarado uno, Piedras dos, Anzoátegui dos, Ortega dos, Palocabildo uno, Dolores dos, Melgar uno, Lérida uno, Fresno uno, Honda uno, Santa Isabel uno, Coyaima uno y Armero Guayabal uno.
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La falta de conocimiento, de asesoramiento, la inmediatez, tienen a los departamentos de Cundinamarca y Tolima, en graves problemas por darle supuestos malos manejos a los recursos utilizados para ayudar a sus habitantes en la crisis ocasionada por la pandemia covid-19.
En los próximos días, habrá nuevos resultados por parte de los organismos de control, quienes han tenido la lupa en toda la contratación del país, y donde los mayores errores han recaído en los dineros destinados para suplir las necesidades de los más necesitados.
