El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró este viernes, a través de un comunicado, que las recientes afirmaciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, relacionadas con la patria potestad de los menores y su vacunación, “han sido sacadas de contexto y no deben interpretarse como una manifestación o intención alguna de vulnerar los derechos parentales de los colombianos”.
Las declaraciones se dieron en medio de la rueda de prensa en la que Jaramillo enfatizó en que los padres de los niños en el país no pueden negarse a que los menores sean vacunados. “Todo menor de 18 años la patria potestad es del Estado, si hay alguna negación del padre intercede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados”, señaló el ministro Jaramillo.
En su mensaje de aclaración, el Ministerio reiteró que la vacunación es una herramienta indispensable para contener la propagación del virus y evitar consecuencias letales o secuelas graves. Así lo ratifica la Circular Externa No. 00000004 del 6 de febrero de 2025, en la que se subraya que todos los niños, niñas y adolescentes en Colombia tienen el derecho a recibir la vacuna contra la fiebre amarilla.
Por lo anterior, la cartera hizo un llamado a los padres de familia para que respalden las decisiones que los menores adopten respecto a su salud, incluso si dichas decisiones son contrarias a sus creencias, cultura o religión, priorizando de esta manera la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes.
La circular recuerda que “la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional, considera a los menores de edad como personas libres y autónomas con plenitud de derechos que, de acuerdo a su edad y a su madurez, pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”. En este sentido, “prevalece la decisión adoptada por el menor de edad”, siempre que cuente con “la voluntad reflexiva y la posibilidad de adoptar o participar en la toma de decisiones en el campo de las intervenciones sanitarias”.
La cartera reiteró que esta posición jurídica responde a la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la niñez, en el marco de una situación epidemiológica que requiere medidas contundentes y prioritarias.
Asimismo, advirtió que se denunciarán ante el ICBF y demás autoridades competentes aquellos casos en los que se impida el acceso de los menores a la vacunación, por considerar que esto representa una vulneración grave de sus derechos.
