En el Día Nacional de la Memoria, la defensora del Pueblo advirtió que más de 10 millones de colombianos han sido afectados por el conflicto armado y pidió fortalecer la implementación de políticas públicas con enfoque diferencial.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, la Defensoría del Pueblo lanzó un llamado al Estado para fortalecer las acciones de reparación integral en favor de quienes han sufrido el conflicto armado.
La pronunciamiento fue liderado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien enfatizó la necesidad de avanzar en garantías efectivas de no repetición como pilar fundamental para la construcción de paz.
Durante su intervención, la funcionaria recordó que más de 10 millones de personas han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, una cifra que evidencia la magnitud del impacto social, económico y humanitario que ha dejado la violencia en el país.
Marín señaló que las víctimas no constituyen un grupo homogéneo, sino que incluyen mujeres, niños, comunidades étnicas, adultos mayores y otros sectores vulnerables, lo que exige respuestas diferenciadas desde las políticas públicas.
En ese sentido, insistió en que la memoria histórica cumple un papel central en los procesos de reconciliación, al permitir reconocer los hechos, dignificar a las víctimas y evitar la repetición de los ciclos de violencia.
Asimismo, la defensora reiteró la importancia de implementar de manera efectiva la Ley 2421 de 2024, norma que busca fortalecer la atención, asistencia y reparación integral mediante un enfoque de derechos humanos.
Dicha ley amplía las garantías para las víctimas, mejora la coordinación institucional y refuerza mecanismos de protección, participación y acceso a programas sociales, en línea con los principios de verdad, justicia y reparación.
Finalmente, la Defensoría advirtió que el reto no solo está en la creación de normas, sino en su implementación efectiva, asegurando que las víctimas reciban respuestas oportunas y que el Estado cumpla con su obligación de garantizar sus derechos.
