Una copropietaria del Conjunto Residencial Girona en Ibagué radicó una reclamación formal ante la constructora Aranjuez y la administración provisional, señalando serias deficiencias en la capacidad de los tanques de reserva y la calidad del agua almacenada. El caso podría escalar a instancias superiores si no se atiende en 15 días.
Habitantes del Conjunto Residencial Girona, ubicado en Ibagué, han manifestado su preocupación ante graves fallas en los tanques de reserva de agua potable del complejo habitacional. La alerta fue formalizada mediante una reclamación presentada por la residente Johana A. Galarraga, quien exige medidas urgentes para garantizar la salubridad y suficiencia del agua en el conjunto.
Según el documento enviado a la constructora Aranjuez S.A.S. y a la administración provisional, durante una suspensión reciente del servicio de acueducto se comprobó que la capacidad de los tanques de reserva no alcanza a cubrir ni siquiera las dos torres actualmente habitadas. Se advierte que, ante una ocupación total, los tanques no proporcionarían más de 12 horas de autonomía, cuando la normativa exige entre 24 y 36 horas.
La reclamación se sustenta en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000) y en el Decreto 1077 de 2015, que obligan a garantizar la capacidad de almacenamiento adecuada. La situación se agrava por la presunta contaminación del agua almacenada, como lo evidencian fotografías anexas que muestran tanques visiblemente sucios.
Esto último, según la denunciante, podría vulnerar derechos fundamentales como el acceso a agua potable y el derecho a la salud, consagrados en la Constitución Nacional, la Ley 142 de 1994 y la Resolución 2115 de 2007, que regula los criterios de calidad del agua para consumo humano.
En la carta, se exige un informe técnico inmediato sobre la capacidad real de los tanques, un cronograma de ampliación si se determina su insuficiencia, limpieza profesional certificada, y un programa regular de mantenimiento y verificación sanitaria. La residente también solicita la intervención de las autoridades competentes si no se obtiene respuesta.
De no recibir atención en un plazo de 15 días hábiles, Galarraga anunció que elevará la queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Secretaría de Salud Municipal, además de otras instancias legales pertinentes.
El caso ha generado inquietud entre los demás residentes, quienes temen por la seguridad sanitaria del agua que consumen diariamente. La comunidad espera que tanto la constructora como la administración actúen con prontitud para resolver esta problemática antes de que escale.
La denuncia visibiliza un problema común en muchos desarrollos residenciales nuevos del país: la falta de planeación y cumplimiento riguroso de las normas sobre infraestructura básica, lo que termina afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
