El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que las EPS habrían manejado de forma irregular millonarios recursos públicos, incluyendo anticipos sin legalizar y cobros de servicios médicos a personas ya fallecidas.
El sistema de salud colombiano vuelve a estar en el centro de la polémica tras las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reveló presuntas irregularidades cometidas por las EPS en el manejo de recursos públicos. Según el funcionario, la magnitud de los hallazgos refuerza la necesidad de una reforma estructural que impida que se repitan prácticas que ponen en riesgo la atención de millones de colombianos.
Entre los hechos denunciados se encuentra la entrega de anticipos por un valor cercano a los $6,6 billones que no habrían sido legalizados, lo que constituye un posible detrimento patrimonial de grandes proporciones. Además, se identificaron deudas ocultas en la Nueva EPS, las cuales solo salieron a la luz tras la intervención del Gobierno Nacional.
Lo más indignante, según el ministro, es la presunta existencia de registros de atenciones médicas facturadas a personas fallecidas, lo que evidenciaría maniobras fraudulentas para justificar cobros al Estado. Estas prácticas, de confirmarse, revelarían un esquema de corrupción que habría debilitado aún más un sistema ya golpeado por la falta de recursos y la desconfianza ciudadana.
Los señalamientos se suman a las advertencias de la Contraloría, que en informes anteriores ya había señalado la falta de transparencia en el uso de los fondos destinados al sector salud entre 2020 y 2023. Este panorama complica aún más la sostenibilidad financiera de un modelo que acumula pasivos multimillonarios.
Mientras tanto, sectores de la oposición han salido en defensa de las EPS, argumentando que se trata de una estrategia del Gobierno para justificar su propuesta de reforma. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud insisten en que las evidencias hablan por sí solas y que resulta urgente replantear el modelo de aseguramiento.
Jaramillo recordó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue el primero en exponer públicamente estos manejos irregulares, incomodando a sectores que, según él, se beneficiaron durante años de un sistema permisivo y opaco. “El país necesita saber la verdad y actuar en consecuencia”, aseguró.
La denuncia también abrió un debate sobre la responsabilidad de los organismos de control, que durante años no advirtieron de manera oportuna estas presuntas irregularidades. Para expertos en derecho público, si se demuestra que hubo facturación irregular y desvío de recursos, podría haber lugar a sanciones disciplinarias y penales.
En medio de la controversia, el llamado de las autoridades es a mantener la vigilancia ciudadana, exigir transparencia en el manejo de los recursos y respaldar una reforma que garantice que los dineros destinados a la salud se traduzcan en atención real y digna para los colombianos.
